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Este martes se cumplen 40 años del asesinato de cinco abogados sindicalistas a manos de un comando de la ultraderecha en Madrid. Buscaban dar un escarmiento a un sindicalismo incipiente que había ido demasiado lejos con la apertura política, pero los pistoleros que en 1977 dejaron cinco muertos en un despacho de abogados laboralistas desencadenaron una reacción que puso en marcha la Democracia que pretendían frenar.

Aquellos hechos han pasado a la historia de la Transición como “la matanza de Atocha”. El entierro fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda en España después del franquismo con la asistencia, cívica y silenciosa, de más de cien mil personas.

Los asesinos mataron a cinco abogados sindicalistas e hirieron a otras cuatro personas más

El Partido Comunista de España (PCE) fue legalizado dos meses después, en abril; en junio se celebraron las primeras elecciones democráticas.

Los asesinos irrumpieron en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha preguntando por Joaquín Navarro, secretario general de CCOO del Transporte, organización entonces ilegal pero que había convocado varias protestas.

Los pistoleros mataron a los abogados Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo y Luis Javier Benavides, al estudiante Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez, e hirieron a otras cuatro personas

Los asesinos, José Fernández Cerrá, de 34 años, y Carlos García Juliá, de 24, ambos de la Falange, fueron detenidos en marzo, así como el tercer hombre que participó en el asesinato, Fernando Lerdo de Tejada, y el secretario del Sindicato Vertical del Transporte, Francisco Albadalejo Corredera, como autor intelectual y colaborador. Junto a ellos, también fueron arrestados Ramón Fernández Palacios y Leocadio Jiménez Caravaca, por suministrarles armas, y Gloria Herguedas, como cómplice. El juicio se celebró entre el 18 y 26 de febrero de 1980 y la sentencia sumó 464 años de cárcel: condenó a Cerrá y a Juliá a 193 años como autores materiales. Los dos principales encausados cumplieron unos 14 años de condena, ya que Juliá se fugó en una libertad condicional y Cerrá fue puesto en libertad y también se fue a Sudamérica.

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