Política industrial

Se habla mucho de las empresas catalanas que deciden invertir fuera de Catalunya, y son significativas las inversiones de gigantes agropecuarios como la CAG o Vall Companys en Aragón o las pequeñas empresas que se han instalado en el polígono de Fraga, aunque también hay empresas aragonesas que invierten en nuestras comarcas como es el caso del grupo cárnico Jorge, que ha comprado el matadero de Mollerussa. Algunos quieren vincular el fenómeno con el procés independentista, pero el presidente de Pimec, Josep González, puso el dedo en la llaga al buscar otras explicaciones al fenómeno más relacionado con la diferencia de fiscalidad, de exigencias medioambientales o estrictamente con la política industrial. Así hemos visto como la CAG ha encontrado una excelente disposición para instalarse en Épila, tanto por parte del ayuntamiento como de la DGA, que ha declarado el proyecto de interés autonómico e incluso expropiará 70 hectáreas para cumplir sus compromisos. Y en general nos encontramos, como destacaba González, con que hay exención o rebaja de impuestos municipales, incentivos para la contratación, facilidades para la tramitación de los permisos y las licencias, un marco de subvenciones más generoso y en algunos casos menos exigencias medioambientales. Son instrumentos de política industrial que siempre se han utilizado para captar inversiones industriales y habría que preguntarse si aquí en Catalunya se utilizan con eficacia, si se busca consolidar las pequeñas y medianas empresas ya arraigadas –que son la base de nuestro tejido industrial– o si se ha preferido buscar a grandes multinacionales que, como se ha visto, marchan con la misma facilidad con que vienen en cuanto encuentran otra zona que les ofrece más ventajas. Lo ideal sería la igualdad de oportunidades y que no se incentivaran estas formas de dumping territorial, pero es evidente que el marco competencial permite que cada autonomía administre sus recursos como mejor considere para su territorio y aplique la política industrial que más le convenga. Pero hacen bien las pymes en reclamar cambios a los gobiernos para evitar el escándalo que representa que paguen menos impuestos de sociedades las grandes empresas que las pequeñas y medianas o que no se las tenga en cuenta en la contratación pública, porque el futuro industrial de nuestras comarcas dependerá del progreso de las pymes.