Entra en vigor la subida de la tasa turística en Catalunya y el sector reclama que el Parlament la revierta

La subida en la tasa turística que anunciaron en febrero el PSC y los Comuns ha entrado hoy en vigor, tras su publicación ayer en el Diari Oficial de la Generalitat. El Govern la ha puesto en marcha a través de un decreto ley, un procedimiento rápido pero que requiere la ratificación del Parlament en un plazo de un mes. El sector turístico de Lleida y del resto de Catalunya ha iniciado contactos con los diferentes grupos parlamentarios para reclamarles que voten en contra y den así marcha atrás al incremento de este gravamen, que duplica el importe que tenía hasta ahora. Consideran que hace que las empresas catalanas pierdan competitividad respecto a otras destinaciones turísticas.

Los grupos políticos del PSC y los comuns, que pactaron el aumento de la tasa y dedicar el 25% de la recaudación a políticas de vivienda, suman 48 de los 135 escaños del Parlament. Fuentes de la Federació d’Hostaleria de Lleida indicaron que ya hay conversaciones en marcha para buscar una mayoría parlamentaria en contra de ratificar el decreto ley. Precisamente, el sector busca también apoyo político a su petición de derogar otro decreto ley que la Generalitat aprobó la semana pasada: el que prevé inspeccionar el riesgo por inundación de los campings y cerrar total o parcialmente los que no puedan aplicar medidas para mitigarlo.

La recaudación por la tasa turística en Lleida es ahora de 1,9 millones de euros al año. En el conjunto de Catalunya asciende a más de 90 millones. La pagan los turistas por cada noche que pernoctan en alojamientos reglados, como hoteles, casas rurales, campings o pisos turísticos. Hasta ahora era de 0,60 euros por noche para la mayoría de establecimientos leridanos, donde ahora los visitantes pagarán 1,20. El gravamen pasará de 1,20 euros por noche a 2,40 euros en los hoteles de cuatro estrellas. En los de cinco, los huéspedes pasarán de pagar tres euros a seis.

Además de doblar la tasa, el acuerdo entre Govern y Comuns abre la puerta a que los ayuntamientos puedan añadir un recargo adicional de hasta 4 euros. Los consistorios que quieran aplicarlo deberán aprobarlo a través de una ordenanza municipal. Las empresas turísticas son las que recaudan esta tasa de la Generalitat, que hasta ahora debía reinvertirse íntegramente en la promoción de este sector y en acciones para favorecer su desarrollo.