Sílvia Paneque, consellera de Territori: «No autorizamos placas solares en el suelo más productivo»

¿Autovía o carril central para adelantar (2+1) entre Lleida y Balaguer?

Estamos estudiando todas las posibilidades. Desde el Govern impulsamos el programa 2+1 de una manera muy clara, porque nos ayuda a reducir la siniestralidad, pero en algunos tramos hacemos estudios informativos para saber si se justifica el desdoblamiento. A la luz de los estudios, determinaremos qué tramos desdoblar y en cuáles aplicar el 2+1.

Sin duda sabe que el territorio es unánime al pedir la autovía.

Tenemos diferentes casos así, pero hay que tomar las decisiones con rigor. Los estudios deberán determinar si el flujo de trárfico realmente compensa esta medida frente al impacto que tiene sobre el territorio. Es evidente que la opción del 2+1 tiene un impacto casi nulo en términos de consumo de territorio y que es más elevado al desdoblar una carretera.

El decreto ley para agilizar las renovables ha chocado con críticas por facilitarlas en suelos agrarios y de regadío, donde se ha invertido dinero público para llevar el agua. ¿Lo mantendrán así?

Trabajamos con sindicatos agrarios y representantes de regadíos para trasladarles que este decreto ley ni mejora ni empeora el impacto de las renovables en suelo agrícola. De hecho, creo que lo mejora, ya que, en el suelo catalogado como 1 y 2, su uso para instalar renovables requerirá un informe de Agricultura sobre su valor agrológico. Hay terrenos que no tienen ninguno y que están catalogados como 1. El decreto ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar estas catalogaciones y estamos trabajando en ello con el conseller Ordeig para proteger el suelo agrario y especialmente el de regadío, donde se ha hecho inversión pública.

No habrá planificación de renovables hasta 2026, pero muchos ayuntamientos ya las regulan en sus municipios. Cuando la Generalitat tenga su plan, ¿cuál se impondrá en caso de incompatibilidad, el del Govern o el municipal?

El plan territorial establecerá dónde es posible implantar renovables, en especial fotovoltaica y eólica, y serán los ayuntamientos los que lo adapten a su propia planificación urbanística. Podrán evitar, por ejemplo, suelos agrícolas y compensarlo con otros. Es algo que queremos trabajar a través de los consells, que ya han hecho un trabajo importante. Iniciaremos reuniones este mes y a finales de año esperamos la aprobación inicial del plan. Puede suceder que municipios que hayan elaborado su plan deban adaptarlo al de la Generalitat.

Un decreto ley aprobado la pasada legislatura obliga a cerrar en Lleida más de 1.500 pisos turísticos en menos de cuatro años. El PSC quiso suavizar esta norma en el Parlament, pero el trámite decayó al concluir la legislatura. ¿Tienen intención de cambiarla?

En efecto, el grupo parlamentario socialista quiso introducir cambios, pero el pacto de investidura con ERC nos marca que este decreto debe quedar tal y como se aprobó en la pasada legislatura. Lo que estamos haciendo con los ayuntamientos es ayudarles a revisar licencias y discernir cuáles están en uso y cuáles inactivas. Por lo tanto, lo que los consistorios hacen ahora es una diagnosis de los pisos activos para eliminar en todo caso los que realmente no tienen un uso turístico y ajustar las licencias a la realidad. Hay tiempo, todavía disponemos de años para trabajar con los ayuntamientos.

¿Prevén crear el Parc Natural del Montsec o ampliar el Parc Nacional d’Aigüestortes?

El Parc Natural de Montsec es un objetivo para esta legislatura y estamos trabajando en ello, pero sin un calendario cerrado. En cuanto a Aigüestortes, ampliarlo es una posibilidad que se está estudiando en estos momentos, no puedo determinar la zona ni el calendario. También estamos trabajando en un plan estratégico para la gestión del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

¿Aceptarán más solares para vivienda protegida?

Abriremos una nueva convocatoria en septiembre y ya la dejaremos abierta. En la primera nos dimos cuenta de que los solares que nos llegaban ya se podían edificar, pero hay otros que, con pequeñas modificaciones urbanísiticas y obras, pueden pasar a ser edificables. Por lo tanto, dejaremos abierto el plazo para que, a medida que los ayuntamientos hagan estos cambios, puedan incorporarlos al Pla 50.000. La respuesta de la demarcación de Lleida ha sido muy positiva y nos permite construir más de mil viviendas protegidas de alquiler asequible.

En áreas rurales hay falta de vivienda y también casas vacías, algunas en ruina y dueño conocido.

Trabajamos en un programa específico para entornos rurales, el territorio lo pide y probablemente estará listo en septiembre. Trabajamos con entidades como la Associació de Micropobles y Eines de Repoblament. Por un lado, nos piden flexibilizar la normativa urbanística para obras como, por ejemplo, ampliar masías de granjas en funcionamiento. Por otro, debemos ver cómo los ayuntamientos pueden tener apoyo económico de la Generalitat para hacer obras de forma subsidiaria. Eso sí, siempre que haya un solo euro público en políticas de vivienda, lo que exigiremos es que las viviendas queden protegidas como VPO con precios limitados.