Un pueblo del Pirineo prohíbe instalar aires acondicionados en fachadas, en las que el predominio de la piedra es un sello característico

Esterri d’Àneu, a casi 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, solía ser un refugio natural climático, con veranos frescos, en contraste con cotas más bajas. Pero las olas de calor intensas de los últimos veranos —cada vez más frecuentes debido al cambio climático— han disparado la demanda de sistemas de climatización, suponiendo un reto para el paisaje urbano del municipio. Ante esta irrupción progresiva, el ayuntamiento ha decidido aprobar una ordenanza destinada a regular la instalación de estos equipos en todos los edificios. La medida busca preservar la estética urbana y proteger la imagen de las fachadas, en las que el predominio de la piedra es un sello característico.

El alcalde, Pere Ticó, explica que muchas instalaciones se han hecho sin los permisos correspondientes, fruto del desconocimiento o la urgencia para mitigar el calor, lo que ha motivado la necesidad de crear un marco normativo claro. La ordenanza establece que las unidades de climatización deben ubicarse en los balcones o zonas que no sean visibles desde la vía pública, prohibiendo expresamente que se instalen colgadas sobre las fachadas, para evitar el impacto visual sobre el núcleo urbano. Además, el texto incluye criterios técnicos y estéticos para limitar la superficie de las máquinas, garantizar la integración de materiales y colores que armonicen con el entorno, y asegurar que las instalaciones no sobresalgan más allá de las barandillas de los balcones. Esta normativa también establece restricciones en cuanto al ruido, obligando a que los niveles sonoros no superen los límites legales y que los líquidos o gases generados se evacúen de forma que no causen molestias o riesgos.

Para fomentar soluciones sostenibles, la ordenanza prioriza la instalación de equipos de climatización de carácter comunitario en lugar de individual, con el fin de minimizar el impacto sonoro y visual, al tiempo que se optimizan los recursos energéticos disponibles. Cabe destacar que esta regulación afecta no solo a las nuevas instalaciones, sino también a todas las existentes: aquellos equipos colocados sin licencia deben adaptarse a la normativa en un plazo máximo de dos años, o se enfrentarán a sanciones que pueden incluir multas e incluso órdenes de retirada.