Los cazadores furtivos ‘reciclan’ precintos de caza para revenderlos por miles de euros en el mercado negro

Varias sentencias juidiciales conocidas recientemente y algunas operaciones policiales desarrolladas en el Pirineo han aflorado la existencia del fraude con los llamados precintos o anillas, unas tarjetas identificativas de los trofeos que se abaten y cuya reutilización clandestina se vende por miles de euros en el mercado negro.

Varias sentencias del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) y algunas operaciones policiales desarrolladas en el Pirineo han aflorado la existencia en el mundo de la caza mayor del llamado fraude de los precintos, unas anillas identificativas de las piezas que se abaten que llegan a venderse en los circuitos clandestinos por varios miles de euros, hasta 3.000 según explican fuentes conocedoras de la operativa.

Los precintos, también conocidos como anillas, son tarjetas identificativas, en unos casos para rellenar in situ y en otros con los datos ya impresos cuando se entregan, que disponen de una brida para asirlos al cadáver del animal. Se colocan normalmente en las patas o los cuernos. Son de un solo uso, los expiden los responsables de las zonas de caza (cotos o reservas) junto con los permisos y su número coincide con el de las piezas que se autoriza a abatir. Deben colocarse en cuanto estas son cazadas, antes de subirlas a los vehículos en los que se transportan.

¿En qué consiste el truco? En no usarlas, en no colocarlas en los animales que han sido abatidos antes de trasladarlos, según el caso, a los centros de despiece o de taxidermia.

Eso permite vender su reutilización cuando se trata de permisos de caza abiertos, es decir, que no habilitan a los cazadores para una fecha concreta sino para un periodo. La expansión del turismo cinegético de lujo y la creciente pujanza del negocio de la carne de caza están generando las condiciones para que los tramposos dispongan cada vez de mayores oportunidades de negocio.

Los Agents de Miei Ambient de Aran y los Agents Rurals documentaron recientemente un episodio de este tipo al desmantelar una red de furtivismo en la que vecinos de Aran vendían por elevadas sumas de dinero la posibilidad de abatir trofeos como isards, con permisos expedidos a los locales, a cambio de elevadas sumas de dinero.

“Se comprobó que cazadores locales facilitaban el guiado y la logística a otras personas provenientes de distintos lugares del Estado, principalmente para la caza ilegal del rebeco (Rupicapra pyrenaica), uno de los trofeos cinegéticos más apreciados del país”, señalan fuentes del Conselh Generau d’Aran.

En uno de esos episodios, “se denunció al local por capturar un ciervo sin precinto, y al forastero por haber cazado la hembra de rebeco sin autorización”, señalan. En otro, en el que hallaron dos trofeos cazados ilegalmente, “uno de ellos no tenía precinto y el otro lo tenía mal colocado, lo que habría podido permitir su manipulación y reutilización”, reseñan.

Al grupo, del que fueron identificados seis miembros, “se les atribuye la caza de al menos 21 rebecos y 3 ciervos desde 2017 en la Val d’Aran”.

“La anilla es en la práctica el permiso para poder cazar un trofeo, pero en realidad no se sabe cuántas hay en circulación”, explican fuentes conocedoras de la operativa.

Cazan nueve gamos con permiso para seis y se guardan los precintos

El TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) ha ratificado las sanciones de 3.001 euros de multa y dos años de suspensión de la licencia de caza que la conselleria de Agricultura impuso a cinco cazadores que, en plena pandemia, cazaron nueve gamos en la reserva nacional de caza Alt Pallars-Aran, concretamente en La Guingueta d’Àneu, cuando solo tenían permiso para abatir seis y los llevaron a una sala de despiece de carne de caza sin colocarles los precintos, algo que, de no haber sido por la intervención de los Agents Rurals, les habría permitido volver a utilizarlos. “La conducta objeto de sanción acaeció en las instalaciones” de la empresa, “donde se descargaron piezas de caza sin disponer de los precintos de plástico al tiempo de la descarga, ni tampoco fue aportada la documentación legal exigida, ni fue acreditada la trazabilidad”, narra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que añade que fueron “además interceptados un total de nueve animales por los agentes” sin que los cazadores pudieran acreditar “que fueran los (tres) restantes animales para consumo propio”. Los animales llegaron a la sala de despiece, en Sort, un jueves de octubre pasadas las nueve y media de la noche, en un remolque de dos pisos tirado por un 4x4. Ninguno llevaba el necesario precinto, según reseña el atestado. El tribunal destaca la benevolencia con la que la Generalitat sancionó a los cazadores: “la sanción impuesta es una multa por un importe de 3.001 euros y la privación de la licencia de caza o de la facultad para obtenerla es por un plazo de 2 años es el límite mínimo legal, toda vez que la horquilla prevista para las infracciones muy graves se fija entre 3.001 euros y 120.000 euros, y la retirada de la licencia de caza o de la facultad para obtenerla se fija entre 2 a 5 años”.