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Entidades agrarias denuncian "un exceso" de inspecciones a pie de finca y exigen controles "más realistas"

El sector considera que se trata de un modelo "demasiado punitivo" con sanciones que afectan al cobro de las ayudas de la PAC

Representantes de entidades agrarias de JARC, ASAJA, UP y el Gremi de la Pagesia Catalana.

Representantes de entidades agrarias de JARC, ASAJA, UP y el Gremi de la Pagesia Catalana.Alba Mor / ACN

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UP, JARC, ASAJA y el Gremi de la Pagesia han denunciado "un exceso" de inspecciones a pie de finca durante la campaña de la fruta. Según las entidades, el número de inspecciones se ha doblado con respecto a la temporada anterior, con inspectores acompañados por los cuerpos policiales y el requerimiento de documentación sobre los trabajadores, el registro horario, la formación de prevención de riesgos laborales, la ITV de la maquinaria y la homologación de herramientas de trabajo. El sector lo considera una "caza permanente contra el campesino" y un modelo de control "demasiado punitivo" con sanciones que afectan al cobro de las ayudas de la PAC. En este sentido, las entidades reclaman inspecciones "más realistas, proporcionadas y adaptadas a la realidad del campo".

Las organizaciones agrarias han reivindicado su compromiso con el cumplimiento de la normativa, la dignidad de sus trabajadores y su seguridad laboral, aunque aseguran que la situación actual con respecto a los controles en las fincas les genera una sensación de "fiscalización" que incrementa la presión sobre el sector. Además, las organizaciones denuncian que el acompañamiento policial en las inspecciones genera una percepción de persecución y tensión "innecessària"."Volem hacer las cosas bien pero con normas claras y una administración que entienda el territorio y sus condiciones", ha explicado la responsable de temporeros y convenio del campo de Unió de Pagesos, Carol Aixut.

Con respecto a los casos que suponen un agravio para los agricultores, las entidades han ejemplarizado sanciones a los productores cuando uno de sus trabajadores utiliza la documentación de otra persona para poder trabajar, sin recibir ningún aviso de irregularidad por parte de la administración pública. "Doy de alta a un trabajador en la seguridad social y resulta que una semana después lo puede contratar otro campesino. No se entiende que no salte ninguna alarma. El mismo sistema de registro tendría que detectar una duplicidad de contrato", ha apuntado Xavier Llovera, representando del Gremi de la Pagesia. En este punto, las entidades han recordado que ya hace años que reclaman la regularización de personas sin papeles.

Otra problemática se relaciona con el registro horario durante el periodo de campaña, cuando las jornadas pueden empezar en diferentes puntos de la explotación, a menudo sin que la persona titular esté presente para supervisar que se lleve a cabo el registro. "No siempre estamos a pie de finca, tenemos otros trabajos aparte de recoger", ha dicho Jaume Gardeñes, responsable de fruta dulce de Unió de Pagesos. En todo eso, también han destacado la dificultad en habilitar sistemas digitales por la brecha tecnológica o la falta de cobertura. Por eso, las entidades proponen márgenes razonables de varios días para completar los registros sin que eso les comporte sanciones.

Les organizaciones también han pedido medidas encaminadas a reducir la carga burocrática para expedir certificados que acrediten la formación recibida sobre prevención de riesgos laborales. "No puede ser que trabajadores con años de experiencia tengan que repetir el curso cada vez que cambian de empresa", ha dicho Aixut, quien también ha propuesto un título único que se pueda renovar periódicamente.

Una vez superados los controles laborales, las organizaciones explican que las inspecciones suelen derivar hacia otros aspectos como la maquinaria agrícola o las herramientas de trabajo, algunas de las cuales no están homologadas porque no existe un procedimiento para cumplir este trámite, hecho que supone más sanciones. Asimismo, las entidades piden más seguridad jurídica por evitar que las sanciones, especialmente cuando son recurrentes, tengan un impacto directo en las ayudas de la PAC.

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