La junta del Canal de Urgell niega que la modernización sea un "capricho político", sino una "necesidad técnica"

La junta de gobierno del Canal de Urgell ha emitido un comunicado este lunes donde defiende que la modernización es una necesidad técnica y de futuro, no un "capricho político" tal y como se ha sugerido. Según el organismo, hace décadas que las administraciones, entidades agrarias e instituciones científicas advierten que sin esta transformación, el canal perderá capacitado de riego, competitividad y capacidad para afrontar periodos de sequía.

El comunicado llega después de que más del 70% de los regantes de las tierras que abarca este canal hayan votado “no” a la modernización. La comunidad también lamenta determinadas “afirmaciones graves” que se han hecho contra el presidente Amadeu Ros y la junta y niegan rotundamente que trabajen por “intereses particulares”.

Desde la junta de gobierno del canal niegan rotundamente haber “cocinado” el proyecto de modernización de espalda a los regantes y aseguran que desde el 2021 han celebrado más de 130 reuniones informativas, asambleas y sesiones técnicas. En este sentido, añaden que las colectividades han tenido acceso permanente a los estudios hidráulicos, económicos y de viabilidad y el proyecto se ha adaptado en varias ocasiones a partir de las aportaciones de los mismos regantes.

Por otra parte, recuerdan que los integrantes de la junta son regantes “como cualquier otro”, la mayoría con explotaciones familiares, y tienen la obligación estatutaria de velar por el conjunto del sistema, no por intereses individuales o de comarca. En más, recalcan que el presidente Amadeu Ros, en ningún caso actúa y decide en solitario, sino que las decisiones, “siempre consensuadas”, se toman entre todos los integrantes de la Junta de Gobierno y en todo caso, el voto del presidente sirve para desempatar, si se da el caso.

Desde la comunidad consideran que algunos discursos contrarios al proyecto propuesto por la junta han hecho inciso en el coste para los regantes, pero han omitido datos esenciales como el precio sería inferior al de otras modernizaciones recientes en Cataluña y el Estado; la financiación a 30 años sitúa el coste en 120 euros por hectárea y año, similares o inferiores a otros servicios agrarios básicos; y las nuevas medidas solicitadas al Gobierno – ampliación de ayudas, apoyo a los no profesionales, gratuidad de llevar el agua a pie de finca.

También dicen que es “falso” que la junta haya intentado “forzar” o “dirigir” el resultado de las votaciones en las colectividades, ya que cada una ha convocado libremente su asamblea y “no se ha coaccionado ningún censo, ni se ha manipulado ningún recuento”.

Finalmente, quieren desmentir los “rumores persistentes” que el proyecto comportará perder gobernanza, transferir los excedentes hacia Barcelona o incluso fusionarse con el Segarra-Garrigues.