“Denunciamos a Estado, Generalitat y ayuntamiento de Lleida por poner en riesgo la salud de los vecinos”

La plataforma Som Veïns, del Barri Antic, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Lleida contra la Paeria, la Generalitat y el Estado por “poner en riesgo la salud de los habitantes del Centro Histórico” y por “incumplimiento reiterado y continuo de su obligación de garantizar y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos”. “Denunciamos el desistimiento de las funciones y deberes de las tres administraciones de garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos”, concluyen. Así lo señala el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, en la que la plataforma asegura que que las administraciones no han garantizado la salud de los ciudadanos al permitir que desde el pasado abril hubiera asentamientos de personas sin hogar en varios puntos del Centro Histórico. La mayoría estaban formados por migrantes que han venido a Lleida a buscar trabajo durante la campaña de la fruta, entre los que había manteros de Barcelona o exempleados del sector del ocio y la restauración, según constató el ayuntamiento.

Para Som Veïns, el hecho de que se permitieran estos asentamientos “ha expuesto y comprometido seriamente la salud de los leridanos residentes en el Centro Histórico”, a la vez que recordó que en el barrio “hay una población muy envejecida”.

En este sentido, la entidad recuerda que ha denunciado esta situación por todos los medios y que estas actuaciones “han sido inútiles porque ninguna de las tres administraciones implicadas ha actuado para revertir la degradación de esta zona de la ciudad”. De hecho, recuerda que “incluso el Colegio de Médicos de Lleida advirtió de la situación de riesgo que hay en el Centro Histórico”. En la denuncia detallan que hay decretos ley, órdenes ministeriales y recomendaciones de la Generalitat que instan a las administraciones a actuar en este tipo de casos, por lo que entiende que ha habido un “desistimiento de las funciones y deberes de las tres administraciones”.

La mayoría de estos asentamientos estaban en la Casa de Fusta y plaza l’Ereta. En la primera ubicación ya no duerme nadie, pero en la segunda sigue habiendo varias personas.

“Quieren echar a 30 personas del albergue”

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se manifestó ayer en la plaza Paeria para denunciar que el ayuntamiento quiere expulsar del albergue Jericó a una treintena de personas este domingo, coincidiendo con el final del estado de alarma. Aseguran que lo hace a raíz de la “nueva normalidad”, ya que “durante el estado de alarma no podían echarlos a la calle, pero ahora que se han suavizado las restricciones les han comunicado que no pueden seguir más tiempo aquí, los echan a la calle”, criticó Henry Mora, un miembro de la plataforma.

“He trabajado de voluntaria en el albergue y conviviendo con drogadictos y ahora me dicen que no puedo quedarme y que me busque la vida”, comentó con lágrimas en los ojos Maria, una de las personas que deberá abandonar el Jericó. Precisamente, ella y Yousef viven en el albergue desde que en marzo fueran desalojados del edificio vacío que la PAH okupó en noviembre del año pasado para acoger a personas vulnerables y sin hogar. Ante esta situación, Mora exigió a la Paeria “que dé soluciones a estas personas y no las eche a la calle aprovechando el fin del estado de alarma”.

Por su parte, el ayuntamiento dijo que hoy acabarán de revisar los casos de las 80 personas que hay en el albergue “para ver si pueden acceder a los recursos disponibles”. No obstante, añadió que “quizás habrá 5 o 6 que tendrían al alcance familiares o amigos con los que ir a vivir”. Asimismo, recalcó que “no dejaremos a nadie en la calle”.

La Paeria advierte de sanción a un “fondo buitre” por un desahucio El ayuntamiento instó ayer al fondo de inversión Gramina Homes, un “fondo buitre”, a suspender un desahucio previsto para el lunes de una familia en situación de vulnerabilidad. El consistorio le exige que haga a la familia una oferta de alquiler social preventiva, tal y como marca la ley de la Generalitat con los grandes propietarios de pisos. Por ello, el ayuntamiento da un mes al fondo de inversión a solucionar esta situación, ya que de lo contrario “se vulneraría la ley de vivienda, que en el caso de infracción prevé imponer multar e incluso la expropiación temporal” del edificio.