Junts da un respiro al Gobierno pero advierte de que la ruptura sigue activa

La tensión entre Junts y el Gobierno en el Congreso se rebajó ayer después de la abstención de la formación independentista respecto a la suspensión de la fecha de cierre de las centrales nucleares y su apoyo al proyecto de ley de atención al cliente, que obligará a las grandes empresas a atender en catalán.

El partido liderado por Carles Puigdemont dio por acabada la relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras denunciar múltiples incumplimientos de los Acuerdos de Bruselas y anunció que iba a “bloquear” la legislatura. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras –que el miércoles llamó “cínico e hipócrita” a Sánchez–, advirtió al Gobierno de que no se confíe por estas dos decisiones y manifestó que “si algunos piensan que el que no haya prosperado una enmienda del PP es una victoria” luego será “más grande la derrota”.

Gracias a la abstención de Junts, el Congreso rechazó la enmienda que incorporó el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la “fecha de cese definitivo” de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. La votación no pudo estar más ajustada: 171 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 172 en contra (el bloque del Gobierno de coalición), más las siete abstenciones de Junts, justificadas por Nogueras porque la enmienda “no resolvía ningún problema ni estaba bien hecha”.

“Se ha quedado un buen día”, destacaron miembros del Gobierno después de que se ratificara el rechazo a la suspensión de la fecha de cese de las centrales nucleares.

Atención al cliente

Paralelamente, el Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley de servicio de atención al cliente, una iniciativa que incluirá la obligación de las grandes empresas a atender en catalán. Junts apoyó el sí’ al proyecto dado que “es una de las pocas leyes donde se ha respetado el acuerdo alcanzado con Junts”, según el diputado de Junts Josep Maria Cruset, que recordó que la ruptura con el Gobierno sigue activa.

El texto establece que las empresas de más de 250 trabajadores, de más de 50 millones de euros en facturación o que ofrezcan servicios de interés general deberán proporcionar atención en todas las lenguas oficiales del Estado. Además, establece que deberán usar prefijos telefónicos específicos para identificar las llamadas comerciales –distintos de los números de atención al cliente– y el 95% tendrán que ser atendidas en menos de tres minutos.