La UE aprueba la creación de centros de deportación en países extracomunitarios para migrantes con orden de expulsión

Los estados miembros de la Unión Europea han validado este lunes el nuevo reglamento sobre retornos de migrantes que autoriza la creación de centros de deportación en países terceros para personas con órdenes de expulsión, siguiendo al modelo implementado por Italia en Albania bajo el gobierno de Giorgia Meloni. La normativa, aprobada con el apoyo mayoritario de los países del bloque, permite establecer acuerdos con naciones extracomunitarias para gestionar estos centros, siempre que el país receptor "respete las normas internacionales sobre derechos humanos y los principios del derecho internacional". España ha votado en contra de la propuesta.

La revisión del reglamento sobre retornos es una de las piezas que complementa el Pacto de Migración y Asilo de la UE que faltaba para acordar y que recoge una batería de medidas con las cuales el bloque comunitario quiere aumentar y acelerar las expulsiones de personas en situación irregular o de solicitantes de asilo a quienes se les ha denegado la petición.

La Comisión Europea hizo pública su propuesta legislativa el marzo pasado. Una vez los estados miembros han dado el visto bueno al reglamento este lunes, ahora tendrán que negociar el texto con el Parlamento Europeo para que pueda ser adoptada formalmente.

A su llegada a la reunión, el ministro del Interior del gobierno español, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que España votaría en contra de la normativa argumentando que genera "muchas dudas" en materia de derecho humano internacional.

"Hay muchas cosas sobre las cuales se puede negociar y llegar a acuerdos, pero en cuestiones de valores, eso creo que es una línea roja para nosotros", ha señalado. En opinión del ministro español, la decisión tomada este lunes en la reunión de ministros del Interior en Bruselas "es prematura". "Creemos que la cuestión principal es si esta norma va en la línea del derecho internacional humanitario, para nosotros hay muchas dudas", ha indicado.

Por el contrario, el ministro de Inmigración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, que ha liderado las negociaciones sobre el reglamento de retornos -porque el gobierno danés ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE-, ha celebrado el acuerdo entre los socios europeos y ha asegurado que las medidas que recoge la nueva normativa permitirán "contribuir" a frenar las llegadas de migrantes a la UE.

"Tres de cada cuatro migrantes irregulares a quien la UE ha emitido una decisión de retorno siguen quedándose aquí en lugar de volver a su país", ha subrayado Stoklund. Aparte de la posibilidad de cerrar acuerdos con terceros países para crear centros de deportación, la normativa también introduce nuevas obligaciones para los inmigrantes en situación irregular a fin de que cumplan con la obligación de abandonar el territorio comunitario y cooperen con las autoridades. Entre estas está la obligación de mantenerse localizables, proporcionar un documento de identidad o de viaje o facilitar sus datos biométricos.

Además, introduce la posibilidad de que los estados miembros puedan denegar o reducir determinadas ayudas o prestaciones, retirar permisos de trabajo o imponer sanciones penales que incluirían órdenes de prisión.

El reglamento también establece "medidas especiales" para las personas que constituyen "un riesgo para la seguridad". En estos casos, podrán recibir una prohibición de entrada que supere el máximo habitual de diez años, o incluso una prohibición de entrada indefinida. Según el texto adoptado, los estados miembros también podrán detener a las personas en situación irregular y que esta detención tenga una duración "superior a la prevista habitualmente".

El reglamento de retornos también establece una orden europea de retorno (ERE, por las siglas en inglés) que pretende complementar las decisiones de deportación propias de cada estado miembro y, a la vez, “reconocer” estas decisiones entre socios europeos. Se trata de un documento en que los estados miembros tendrán que incluir los elementos esenciales de la decisión de retorno e introducirlo al sistema de información de Schengen para que pueda ser compartida con el resto de socios europeos.

"Eso facilitará el reconocimiento mutuo, ya que los estados tendrán la información necesaria para reconocer la decisión de otro estado. Si una persona con una orden de salida de la UE se desplaza a otro estado miembro, este estado podrá ejecutar directamente la decisión inicial basada en el ERE", ha detallado el Consejo de la UE en un comunicado.

Sin embargo, por ahora, el reconocimiento mutuo no será obligatorio. Dos años después de la entrada en vigor del reglamento, la Comisión Europea presentará una evaluación de su funcionamiento y, si lo considera, presentará una propuesta legislativa para hacerlo obligatorio para todos los estados miembros.