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La campaña, al rojo vivo

Actualizada 30/07/2017 a las 10:45
Con precios otra vez de ruina, se multiplican las denuncias sobre la situación de temporeros || Los payeses se sienten criminalizados y destacan que si hay irregularidades, estas son una minoría
Un grup de temporers fa un descans divendres per posar per al fotògraf en una finca de Corbins.

Todas las imágenes y contenidos de SEGRE.com tiene derechos y no se permite su reproducción y/o copia sin autorización expresa.

© Un grupo de temporeros hacen un descanso el viernes para posar al fotógrafo en una finca de Corbins.

ÍTMAR FABREGAT
Un grup de temporers fa un descans divendres per posar per al fotògraf en una finca de Corbins.

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© Un grupo de temporeros hacen un descanso el viernes para posar al fotógrafo en una finca de Corbins.

ÍTMAR FABREGAT
Un grup de temporers fa un descans divendres per posar per al fotògraf en una finca de Corbins.

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© Un grupo de temporeros hacen un descanso el viernes para posar al fotógrafo en una finca de Corbins.

ÍTMAR FABREGAT

La campaña de la fruta tiene aspectos muy diversos, desde el de la producción a la comercialización pasando por el laboral y este año se multiplican los problemas. Con una cosecha plena y de calidad, los precios vuelven a ser de ruina, mientras las denuncias sobre temporeros dan una imagen de marcha atrás en la regulación de la temporada.

Una frase que se ha hecho famosa reza que no solo hay que ser bueno, sino parecerlo y los productores de fruta de Lleida tienen esta campaña la sensación de que pese a serlo, todo se les gira en contra. En una campaña en la que los precios en muchos casos no cubrirán costes, el sector se ha visto envuelto en la polémica desde el minuto uno por la situación de los temporeros. Primero fue en Seròs y después en La Granja de Escarp cuando estallaron sendas protestas de trabajadores del campo denunciando que no cobraban el salario que marca el convenio (6,18 euros la hora) y que muchos malvivían en cualquier sitio porque no contaban con alojamiento digno ofrecido por los agricultores. Los sindicatos de trabajadores UGT y CCOO han presentado varias denuncias en la Inspección de Trabajo, que siempre mantiene sus actuaciones en secreto hasta que llegan a su fin, mientras que las organizaciones agrarias insisten en que si hay irregularidades, estas son una minoría y que “si alguien no cumple, que la pague”.

Los agricultores se sienten criminalizados, en especial por algunas imágenes difundidas, declaraciones de ciertas formaciones que consideran que desconocen el sector e incluso por la actuación del Síndic de Greuges, con una reciente visita al Baix Segre y una actuación de oficio sobre infraviviendas en las que hay inmigrantes que trabajan o quieren hacerlo.

 

La mejora económica se traduce en menos personal dispuesto a trabajar en el campo
Seròs y La Granja d’Escap vivieron las primeras huelgas de temporeros al inicio de temporada
Es la distancia a partir de la cual habría que ofrecer vivienda, pero no queda claro si es siempre

 

Los sindicatos UGT y CCOO, por su parte, afirman que se siguen dando situaciones irregulares en la campaña, con payeses que pagan por debajo del precio del convenio, que obligan a trabajar más horas de las pactadas o que no ofrece un alojamiento (por el que pueden descontar al trabajador un 10% del salario). Recogen las denuncias que hicieron a comienzos de campaña un grupo de trabajadores del campo, más de un centenar, en los primeros compases de la recogida de la fruta temprana en el Baix Segre. Lo que podía ser un incendio que quemara cada vez más terreno a medida que la recogida se ampliara a nuevas poblaciones se frenó, pero no la polémica.

En este contexto y con sus trabajos en marcha, fuentes de Trabajo apuntan a que, al menos de momento, Inspección de Trabajo no está detectando en esta campaña más irregularidades que en la temporada pasada, por poner un ejemplo. La campaña de 2016 se saldó con 15 actas, una menos que en 2016 y la Guardia Civil y los Mossos hicieron un total de 145 salidas. De hecho, los inspectores acuden a las visitas de fincas de fruta acompañados por agentes del orden, algo que no consideran necesario cuando se desplazan a las centrales frutícolas, para comprobar las condiciones de los trabajadores.

En lo que sí están de acuerdo payeses y sindicatos es en cómo explicar el estallido de la crisis este verano: la falta de mano de obra. La mejora de la situación económica, por una parte, reduce el volumen de personas dispuestas o que necesitan trabajar en el campo. Por otra, en el sur de España se alargan las campañas previas, que años atrás se limitaban a la fresa, a la que ahora hay que sumar otras de pequeños frutos rojos o también llamados del bosque. De hecho, en los primeros compases de la temporada ha habido problemas para que los productores consiguieran todos los temporeros necesarios, debido en parte porque se solapaba el aclarado de unas frutas con la recogida de otras. Todo ello a pesar de que la mayoría de los fruticltores cuentan con cuadrillas estables año tras año. UGT y CCOO afirman que los temporeros se han encontrado en este contexto con una posición de fuerza para denunciar y, dicen, ya era hora. Las organizaciones agrarias, por su parte, afirman que se ha llegado a pagar por encima del convenio en algunos compases de la campaña precisamente por este déficit de mano de obra.

En medio de todos estos problemas, además, aparecen en escena, como en los últimos años, empresas de trabajo temporal (ETT). Las hay que sirven como proveedores de personal con todas las garantías para quien contrata y para quien trabaja, pero se mantiene la existencia de otras que están rayando o saltándose la legalidad, según los sindicatos. Su sede social está en otras provincias y pagan el salario de sus convenios, inferiores al de aplicación de Lleida y, según UGT y CCOO, no ofrecen alojamiento al personal desplazado a Lleida desde otras zonas. Los agricultores, por su parte, insisten en que cuando contratan una ETT lo hacen confiando en que estas actúan de acuerdo a la normativa.

La obligación de dar alojamiento, eje de discordia

Los 75 kilómetros de la discordia. Así podríamos resumir uno de los grandes puntos de conflicto entre sindicatos agrarios y de trabajadores esta campaña. El convenio del campo establece que cuando el temporero vive a una distancia superior a esta cifra, el empleador debe ofrecerle alojamiento, por el cual le puede deducir un 10% del salario. El problema es la interpretación. Mientras que temporeros, UGT y CCOO consideran que esta es una obligación en todos los casos, UP, JARC-COAG y Asaja defienden que este imperativo solo existe si el payés va a buscar al trabajador, si se trata de lo que se conoce como una contratación en origen. En el caso de que el empleado del campo sea él quien se ofrece para trabajar, los agricultores consideran que no están obligados.

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