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El Parlament aprueba la ley de espacios agrarios

Con los votos a favor de todos los grupos excepto el PPC, que se ha abstenido, y la CUP, que no ha participado en la votación

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El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la ley de espacios agrarios con los votos a favor de todos los grupo excepto el PPC, que se ha abstenido, y la CUP, que no ha participado en la votación. Se trata de una de ley a iniciativa de JxCat, ERC, PSC-Units y CatECP que tiene el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades agrícola, ganadera y forestal.

Durante su intervención en el debate de la Ley, la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, ha manifestado que "es de vital necesidad proteger los espacios agrarios, porque tal como hemos dicho y repetido millones de veces, no hay alimentos sin espacios agrarios”.

Según el Govern, los objetivos de la Ley de Espacios Agrarios son, por una parte, definir bien qué son los espacios agrarios e identificar aquellos que tienen un alto valor, con el objetivo de preservarlos, y, por otra parte, poner en funcionamiento un mecanismo que permita movilizar al máximo las tierras, focalizado especialmente las que estén en desuso o en estado no productivo, con transparencia y garantías, para tener el máximo de superficie agrícola en condiciones de producción para avanzar en la soberanía alimenticia, garantizar la gestión sostenible del medio y facilitar la incorporación de nuevas personas en la actividad agraria para favorecer el relevo generacional, así como el dimensionado de explotaciones profesionales que lo necesiten.

Herramientas previstas por la Ley

Para alcanzar estos objetivos, la Ley prevé la creación de tres herramientas básicas: la primera, el Plan Territorial Agrario de Cataluña, hecho a partir de los Planes Territoriales Agrarios Específicos sobre áreas concretas, con singularidades, es un instrumento de planificación territorial sectorial agraria. Estos planes, de ámbito geográfico coherente, tendrán que contener una estimación de los recursos disponibles, de las necesidades y de los déficits territoriales del sector agrario y serán impulsados, elaborados y redactados por el territorio (ciudadanía, entes locales, colegios profesionales, entidades ecologistas, sociedad civil y organizaciones agrarias).

La segunda herramienta que regula la Ley es el Análisis de afectaciones agrarias, como instrumento de evaluación de la afectación sobre el espacio agrario derivada de las intervenciones que se hagan en el territorio, y que tiene que establecer las medidas correctoras y compensatorias necesarias para minimizar el impacto sobre la actividad agraria que se desarrolla. El Análisis de afectaciones agrarias no prohibirá, pero sí que pondrá condiciones a la hora de ejecutar cualquier infraestructura que se quiera implantar y que afecte a una zona agraria.

El tercero de los instrumentos que plantea la nueva norma es un Registro de fincas agrarias en desuso, pensado para proteger la producción agraria. Este registro tiene como funciones gestionar las tierras que se declaren como infrautilizadas, para favorecer la accesibilidad a los profesionales, jóvenes o nuevas incorporaciones que quieran dedicarse al sector, para favorecer el relevo generacional y la cohesión social. También establecerá la renta de alquiler anual de las tierras, así como las condiciones para acceder a las fincas y adjudicarlas en una proceso de convocatoria pública por concurrencia competitiva.

Un 1,4% de la superficie de cultivos, abandonada Cataluña tiene 3,2 millones de hectáreas de superficie, de las cuales el 21,6% son cultivos de regadío y de secano, el 7% son pastos y el 64% es forestal. Al mismo tiempo, según el Mapa de Hábitats de Cataluña, hay 45.000 hectáreas de cultivos abandonados, que supone el 1,4% de superficie catalana. Teniendo en cuenta su importancia cuantitativa, desde un punto de vista territorial es necesaria una regulación sustantiva a fin de que los espacios agrarios tengan el reconocimiento de sus valores y estén dotados de la regulación que les corresponde.

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