Aumenta el fraude con fondos agrícolas en la UE

La Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) advirtió este martes que ha aumentado el fraude con los fondos agrícolas comunitarios, mientras que los grupos organizados que engañan en el pago de tarifas aduaneras recurren cada vez más al comercio electrónico. Así se desprende del informe anual de la OLAF, que analiza las tendencias registradas en 2018, un año en el cual cerró 167 investigaciones y recomendó a instituciones y Estados miembros recuperar 371 millones de euros para el presupuesto comunitario.

Se trata de dinero que no llegó a las arcas europeas por el fraude o que no será desembolsado después de detectar irregularidades en los proyectos receptores. El OLAF investiga casos de fraude que afecten al presupuesto de la Unión Europea (UE), ya sea corrupción, contrabando, malversación o blanqueo de dinero, entre otros, que cada vez más implican varios países.

De las 414 investigaciones que permanecían abiertas al final de 2018 (219 abiertos aquel año), la mayor parte afectan a los fondos estructurales (85), mientras que 65 tienen que ver con el personal comunitario, 44 con la ayuda al exterior, 43 con aduanas y 33 en los fondos agrícolas, entre otros.

Más fraude con las ayudas a la Agricultura

En los últimos años, el OLAF ha encontrado un mayor número de casos de fraude relacionados a las ayudas a la agricultura, en particular en los destinados a promocionar productos europeos. En 2018, la OLAF investigó a un grupo organizado que ofrecía a diferentes países ayuda a los ganaderos que querían promocionar sus lácteos fuera de la UE, incluso financiación para sufragar parte de los costes. Después creaban una red de empresas pantalla a varios países y, con la colaboración de los beneficiarios, manipulaban los procedimientos de licitación, hinchaban los precios para recibir fondos por servicios que no prestaban y blanqueaban después las ayudas recibidas. En total, la OLAF pidió recuperar 15 millones de euros por esta razón.

La agencia ha investigado también casos de "falsos granjeros", en los que los defraudadores solicitaban ayudas a nombre de personas fallecidas, o de "rebaños fantasma", a los cuales se pedían ayudas para animales que no existían.

Otro tipo de fraude es el llamado "agropirata" en el que se solicitan fondos para tierras que ni siquiera pertenecen al solicitante. La OLAF reclamó a Francia más de medio millón de euros en 2018 por un caso de este tipo.

España es el estado de la UE donde se detectan más "irregularidades"

Según el informe del OLAF, España es el estado de la Unión Europea donde más "irregularidades" se detectan en el uso de fondos europeos de cohesión y agrarios. Así, el estado español registró entre 2014 y 2018 casi 11.000 casos de anomalías "fraudulentas" y de otros tipos relacionadas con la financiación europea. Una cifra que contrasta significativamente con el número de detecciones en el resto de países de la UE. Por ejemplo, el segundo estado donde más casos se han registrado, Polonia, tiene la mitad que España. Sin embargo, el impacto financiero de estas irregularidades en el Estado es por término medio bajo en relación a la cantidad de fondos europeos recibidos, de uno 3% aproximadamente.

Fuentes próximas a la OLAF explican que el elevado número de casos en España no implican que en el Estado haya más problemas, sino que se hacen más "controles". El informe de la OLAF para 2018 publicado este martes pone como ejemplo de uso irregular de subvenciones europeas un caso de doble financiación en proyectos de investigación en España.

En concreto, explica que la oficina europea concluyó una investigación en 2018 constatando que una empresa internacional se benefició de ocho subvenciones europeas para proyectos que también eran financiados por el gobierno español a través de las ayudas Torres Quevedo, un hecho que no comunicaron. La compañía incluso presentó declaraciones a las autoridades españolas asegurando que no tenían otros fondos para el proyecto de investigación. La empresa tuvo que devolver más de 1 millón y medio euros a la Comisión Europea y al ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que convocaba las ayudas, según lo informa la OLAF.