Payeses, empresas y alcaldes, hartos de que se criminalice al sector de la fruta de Lleida

Payeses, cooperativas, empresas particulares, organizaciones agrarias, patronales y ayuntamientos están mostrando su haztargo ante lo que consideran la criminalización de todo el sector frutícola de Lleida con acusaciones, entre otras, de racistas o explotadores. Insisten en que la regularización de la campaña es un hecho en todos los aspectos, desde la contratación del personal a los salarios pasando también por los alojamientos, en los que se han hecho importantes inversiones en los últimos años. En este contexto, no entienden que haya quien les culpe de un problema que consideran que es social y que como tal debe tener un análisis y una solución por parte de las administraciones competentes. Se refieren así al grupo de personas que duerme en el Casc Antic de Lleida o en las instalaciones preparadas por la Paeria, remarcando que el grueso de estas personas no pueden trabajar en la fruta porque carecen de la documentación en regla para ello.

Este fue uno de los temas centrales expuestos ayer en la reunión para analizar el desarrollo de la campaña de la fruta convocada por la delegación del Govern de la Generalitat y a la que no había sido invitado el subdelegado del Gobierno central, hecho que la representación del Executiu atribuyó a un olvido. El representante de Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, se preguntó, entre otras cosas, cómo han podido llegar a Lleida personas sin contrato en plena pandemia, con la movilidad restringida a casos excepcionales, como motivos laborales demostrables. El responsable del sector de la fruta de JARC, David Borda, también se muestra indignado por la imagen injusta, insistió, que se está dando del sector, al igual que el líder de Asaja en Lleida, Pere Roqué, que insiste en que los payeses crean empleos “dignos”.

La patronal frutícola catalana, Afrucat, ha hecho un manifiesto en el que defiende la dignidad de agricultores y empresas. Su director, Manel Simon, dijo que el sector está indignado y preocupado porque el “esfuerzo titánico de los últimos años en inversiones en producción y calidad, pero también en alojamiento para los temporeros, se pueda ver dañado por acusaciones injustas y falsas, porque nuestra sociedad y nuestros agricultores son sinónimo de cultura de la integración”.

Alrededor de 80 municipios frutícolas, representados por sus alcaldes harán mañana un acto en Alcarràs para denunciar “la campaña de desprestigio activada contra el motor económico de la demarcación”. El alcalde de este municipio, Manel Ezquerra, puso su localidad como ejemplo de convivencia. El 40% de vecinos empadronados son de otras nacionalidades, de 55 en total, y en plena campaña se añade otro 20 o 25% sin problemas de convivencia.

OPINIÓ. 'Qui defensa els nostres pagesos?', per Miquel Solé i Agustí, alcalde de la Granja d'Escarp

Críticas por la “batida” en el Segrià de la Inspección Las organizaciones agrarias coincidieron ayer en criticar las “formas” con las que se están llevando a cabo las inspecciones por parte de Trabajo en localidades del Segrià en los últimos días. Aseguran que dos inspectores van acompañados por hasta “ocho guardias civiles portando metralletas como si fuéramos delincuentes”. El subdelegado del Gobierno, José Crespín, dijo que van con las armas reglamentarias que utilizan habitualmente, sin ningún incremento de medios por tratarse de inspecciones en el campo.