Los municipios de la fruta dulce reclaman al Estado bonificar el IRPF y las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores

Más de ochenta ayuntamientos leridanos productores de fruta dulce; los sindicatos agrarios Unió de Pagesos, Asaja y JARC; la Plataforma en Defensa de la Fruta, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) y la asociación empresarial Afrucat han enviado este lunes cartas a Ramon Farré, delegado del Govern de la Generalitat en Lleida; Pedro Sánchez, presidente del gobierno del Estado; Luis Planas, ministro de Agricultura; Teresa Cunillera, la delegada del gobierno del Estado en Cataluña y Jose Crespín, el subdelegado del gobierno del Estado en Lleida, para pedir bonificaciones al IRPF y las cuotas de la Seguridad Social para los agricultores y sus trabajadores y compensaciones en el IBI para trasladarlas desde los consistorios a las explotaciones del territorio.

Con las peticiones que ahora se cursan, los municipios de la fruta dulce y las organizaciones del sector quieren atenuar el impacto negativo que tiene ya ahora sobre los profesionales frutícolas y los municipios que dependen la conjunción este año de una serie de elementos externos a las dinámicas del sector que ponen en cuestión la continuidad de muchas explotaciones.

Según los firmantes de las cartas, estos elementos han sido los incrementos de costes derivados de la pandemia, la última subida del Salario Mínimo Interprofesional y las afectaciones climáticas que, en en forma primero de un invierno excesivamente cálido y de una primavera anormalmente fría después, han comportado una reducción notable de los rendimientos por hectárea. Además, una serie de tormentas de granizo este mes de junio en las zonas productoras de Lleida y Huesca han estropeado en determinadas áreas cerca de un 100% de la producción.

Así, los municipios y las organizaciones del sector reclaman una reducción de los módulos de cotización del IRPF para los fructicultores, la exención de los pagos a la Seguridad Social que los agricultores y las empresas agrarias tienen que satisfacer para sus trabajadores y, también, que el Estado “compense” el IBI rústico a los municipios de la zona afectada para permitir los respectivos consistorios aplicar bonificaciones o exenciones a los campesinos propietarios sin poner en riesgo el equilibrio de las finanzas municipales.