AGRICULTURA CAMPAÑA DE LA FRUTA
Salud dice que el Segrià precisa casas de temporeros
Palabras de Argimon que indignan a ayuntamientos del Baix Segre y sindicatos
Las casetas que se instalaron el año pasado en Aitona.
El secretario general de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, provocó ayer indignación en el Baix Segre al afirmar que evitar brotes de Covid-19 en la campaña de la fruta pasa porque los temporeros tengan una “vivienda digna”, y no por vacunar a vecinos y trabajadores del sector agrícola, tal como han reclamado ayuntamientos y sindicatos. Precisamente, UP, ASAJA, JARC y la Federació de Cooperatives se habían reunido horas antes con representantes de la Generalitat en Lleida para pedir vacunas y test PCR, si las hay, tal como los consistorios hicieron una semana antes.
Alcaldes del Baix Segre recordaron que la inmensa mayoría de agricultores cumplen la ley y ofrecen a sus empleados alojamiento digno. Sin embargo, han constatado sobreocupación en viviendas por parte de temporeros que buscan por sí mismos dónde alojarse. Asimismo, cada año acude un gran número de personas sin papeles en busca de empleo en la fruta.
El alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, tildó las palabra de Argimon de “desafortunadas”. “Ya está bien de criminalizar a un sector que hace las cosas bien”, dijo.
“Todos los payeses dan alojamiento digno a sus trabajadores, otra cosa son las personas que vienen sin papeles a buscar empleo, y de ellas también nos hacemos cargo”, recalcó. La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, señaló que “todos los temporeros con contrato tienen casa, aunque puede haber masificación en viviendas”.
Apuntó que “se arreglaría con ayudas para instalaciones temporales”. El alcalde de La Granja, Manel Solé, dijo que Argimon “no sabe lo que comporta que cada año haya 30.000 personas trabajando en el Baix Segre”.
Pere Roqué, de Asaja, señaló que “demuestra poco respeto por un sector de gran movilidad y vital para la economía”.
Ayudas para alojar a trabajadores y las de 2020, todavía por pagar Trabajo propuso ayer a los sindicatos agrarios pagar una ayuda de 50 euros semanales por temporero contratado a través del Servei d’Ocupacio de Catalunya (SOC) para darles alojamiento. Según Joan Carles Massot, de JARC, esta medida es resultado de la presión sindical y afecta a los empleados que residan en un radio de hasta 40 kilómetros de la explotación. Por otra parte, los ayuntamientos del Baix Segre no han cobrado aún las ayudas estipuladas el pasado año para habilitar instalaciones para el confinamiento de contagiados y sus contactos.
