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TRIBUNALES JUICIO

Juzgan a la exalcaldesa de Les Valls d'Aguilar por colocar a su marido

  • C. SANS / J. GRAU
Actualizada 09/02/2017 a las 09:56
Fiscalía le acusa de prevaricación y la acusación particular, también de revelación de secreto || La exedil lo niega y su defensa alega que el concurso fue legal
Un moment del judici celebrat ahir per aquests fets als jutjats del Canyeret de Lleida.

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© Un moment del judici celebrat ahir per aquests fets als jutjats del Canyeret de Lleida.

La exalcaldesa de Les Valls d’Aguilar Maria Dolors Vidal Guiu fue juzgada ayer acusada de un delito de prevaricación administrativa por colocar supuestamente de forma irregular a su marido en el ayuntamiento. La Fiscalía solicita para ella dos años de inhabilitación por este supuesto delito y la acusación particular, además de este cargo, la acusa también de un delito de revelación de secretos por el que solicita 3 años de prisión. El juicio celebrado ayer en Lleida fue maratoniano. Empezó pasadas las 9,30 horas y finalizó casi a las cinco de la tarde, con solo una parada. En él se sentaron en el banquillo, además de la exalcaldesa, quien era secretaria del ayuntamiento en los años 2009 y 2010, cuando ocurrieron los hechos, y el marido de Vidal. Todos ellos negaron los cargos que se les imputan y defendieron la legalidad de la convocatoria de una plaza de funcionario auxiliar administrativo que ganó el esposo de la exprimera edil. La fiscal, por el contrario, mantuvo que los acusados amañaron el concurso e hicieron las bases a medida para que lo ganara el marido de la exalcaldesa. Entre otras supuestas irregularidades, las acusaciones apuntaron que la pareja de Vidal conocía las preguntas del concurso y no tenía el nivel de catalán exigible para la plaza a la que optaba. La defensa negó estos extremos y dijo que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, ante la que se denunció el supuesto amaño, concluyó que no había ningún motivo de nulidad de la convocaroria y solo, si acaso, podía haberlo de lesividad administrativa. Francesc Sapena, abogado de la exalcaldesa, aportó sentencias de la Audiencia de Lleida en las que se afirma que para que concurra el delito de prevaricación administrativa la actuación de los acusados tiene que reunir una serie de requisitos (entre ellos, que conozcan la ilegalidad de lo que hacen y que haya dolo directo) que no se cumplieron en este caso. La acusación particular también cree que concurrió un delito de revelación de secretos por unas supuestas grabaciones. La Fiscalía no acusa por este cargo. En el juicio se dio una situación atípica al pedir la fiscal que una acusada declarara también como testigo, a lo que se opusieron los letrados de las defensas.

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