SEGRE

ENSEÑANZA POLÉMICA

El Joan Brudieu de La Seu retira la cámara del aula al oponerse Enseñanza

La Fapac critica la videovigilancia, cada vez más extendida en centros educativos

Una de las cámaras instaladas en un pasillo del instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell.

Una de las cámaras instaladas en un pasillo del instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell.

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La cámara de videovigilancia instalada en el interior de un aula del instituto de Secundaria Joan Brudieu de La Seu d’Urgell fue retirada ayer tras la oposición de Enseñanza y las quejas de alumnos. La dirección del centro da marcha atrás a una medida polémica y sin precedentes en Catalunya, aunque las cámaras son habituales en zonas comunes.

El instituto de Secundaria Joan Brudieu de La Seu d’Urgell retiró ayer la cámara que instaló en el interior de un aula de tercero de ESO antes de las vacaciones de Navidad para vigilar a los alumnos. La dirección del centro afirmó que ha “reconsiderado” esta decisión, sin precedentes en Lleida ni en el resto de Catalunya, a raíz de la polémica que ha suscitado. La semana pasada, la conselleria se mostró muy crítica con esta medida, que calificó de “intrusiva”, y avanzó que exigiría al centro que la justificase. También había chocado con el rechazo de alumnos, mientras que la asociación de madres y padres (Ampa) de estudiantes la desconocían.

La dirección del instituto afirmó que no había llegado a funcionar, a diferencia de las instaladas en el exterior, en pasillos y en estancias como el laboratorio y la sala de informática. La polémica, añadió en un comunicado, “no ayuda a la imagen de buena convivencia de toda la comunidad educativa del instituto”.

El centro mantiene las cámaras en el exterior y en espacios interiores para evitar daños y robos

Las familias o tutores legales deben dar su consentimiento si se trata de menores de 14 años

Por su parte, el director de los servicios de Enseñanza en Lleida, Miquel Ángel Cullerés, afirmó que, si bien la decisión de instalar cámaras es potestad de cada centro, “antes de ponerlas en marcha deben ser autorizadas” por la conselleria. Añadió que la dirección del Joan Brudieu “nos aseguró que no tenían intención de ponerla en servicio de forma inminente, y ahora nos han comunicado la decisión de desinstalarla”.

Cullerés valoró que el Joan Brudieu “no es un centro con problemas que vayan más allá de los conflictos ordinarios de cualquier centro de Secundaria” y apuntó que Enseñanza “no apuesta” por las cámaras en las aulas. Explicó que la conselleria considera “más adecuados” procedimientos como “las tutorías entre iguales o la mediación”.

El director de Enseñanza desvinculó la polémica cámara en el aula de tercero de ESO de las instaladas en el exterior y en otros espacios del interior cuyo objetivo es evitar destrozos y robos. “Son habituales en centros educativos donde hay material de alto valor económico y se usan como medida de protección de seguridad y de bienes”. Todos los dispositivos en el centro de La Seu están indicados con un cartel para que los alumnos sepan que les graban.

Por su parte, la presidenta de Federación de asociaciones de madres y padres (Fapac) de Lleida, Elisa Solé, cuestionó el uso de cámaras en cualquier espacio del interior de centros educativos, ya sean las aulas o en los pasillos u otras zonas de paso. “No somos partidarios de llegar a este extremo, nos parece un control excesivo, y menos que se haga sin informar a las familias”, valoró. “En el caso del Joan Brudieu, el Ampa no tenía ni idea”, añadió. “Si hay conflictos, deben solucionarse a través del diálogo, las cámaras no lo hacen”, concluyó.

Lleida

La normativa sobre videovigilancia no prohíbe de forma absoluta el uso de cámaras de vigilancia en el interior de las aulas, pero establece severas restricciones a su uso, especialmente cuando se trata de registrar imágenes de menores de edad. Las directrices que ha fijado la Agencia Española de Protección de Datos exigen que los padres o tutores legales de los estudiantes otorguen su consentimiento a esta medida cuando se trate de menores de 14 años. Asimismo, limita el empleo de cámaras a casos a “circunstancias excepcionales, por la presencia de un riesgo objetivo y previsible para la seguridad de los menores”. Además, es necesario acreditar que no hay alternativas a la videovigilancia para cumplir con este objetivo de protección.

Esto último contrasta con las declaraciones tanto del departamento de Enseñanza como de la dirección del instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell, que han afirmado de forma reiterada que los conflictos en este centro no difieren de los que puedan encontrarse en cualquier otro. La protección de los menores es el único propósito para el que deben servir las imágenes registradas. Esto excluye su empleo para otros fines, como por ejemplo el control de asistencia a las aulas de los alumnos o la supervisión de los docentes y otros empleados.

Las limitaciones a la hora de instalar cámaras en aulas no terminan aquí. Una vez conectadas, la normativa exige un estricto control sobre quién puede ver las imágenes y obliga a establecer medidas efectivas para que nadie más las vea. Asimismo, fija un plazo corto de tiempo en que las grabaciones consideradas sin relevancia deben borrarse, de no más de diez días.

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