La UE obliga a eliminar un gas cancerígeno en edificios

El Estado prepara una nueva normativa para impedir que viviendas y centros de trabajo acumulen radón, un gas incoloro y sin olor que emerge del subsuelo de forma natural y que tiene un efecto cancerígeno. El código técnico estatal para edificaciones incorporará este año medidas para evitar que se filtre desde los cimientos de los inmuebles y se acumule en su interior; mientras que el ministerio de Sanidad elabora un plan para medir la concentración de este gas en los inmuebles de las zonas de mayor concentración de este gas, que incluyen a cinco municipios de las comarcas del Pirineo de Lleida.

Estudios del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sitúan algunas áreas de los términos municipales de Montferrer i Castellbò, Alins, La Guingueta d’Àneu, Alt Àneu y Rialp entre las zonas de la Península Ibérica donde puede darse mayores cantidades de radón, un gas vinculado a formaciones de granito en el subsuelo (ver claves). En el resto de la provincia, estiman que su presencia es moderada o incluso escasa. Si bien es inocuo al aire libre, se considera que estar expuesto a una elevada concentración en el interior de un recinto cerrado puede ser perjudicial.

La normativa que prepara ahora el Gobierno para evitar riesgos para la salud derivados de este gas tiene su origen en una directiva de la Unión Europea (UE), aprobada en 2013 y que que deberá entrar en vigor el año que viene. Llega después de que países como Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, hayan establecido por ley valores límite a las concentraciones de radón en el interior de los edificios.

Durante más de dos décadas, diferentes estudios habían advertido sobre los efectos nocivos de este gas sobre la salud humana.