El Govern encarga el derribo de cinco edificios ilegales, entre ellos el del ecologista Vàzquez

El departamento de Territorio y Sostenibilidad ha puesto en marcha el proceso para derribar cinco edificios ilegales, construidos durante la década pasada en suelo rústico de Aran, el Pallars Jussà y el Solsonès. La conselleria ha convocado un concurso para elaborar los proyectos de demolición de tres casas, dos en Naut Aran y una en Lladurs; de un almacén agrícola y un muro de contención cerca del Garona en Escunhau (Vielha), y del edificio que el secretario general de la asociación ecologista Ipcena, Joan Vàzquez, construyó a título personal en Sant Esteve de la Sarga.

La contratación de estos proyectos supone el primer paso para la demolición subsidiaria, que ejecuta la Generalitat con cargo a los promotores de estos edificios si no la llevan a cabo ellos mismos. Llega después de órdenes de derribo que el ejecutivo catalán dictó entre los años 2007 y 2009, y que a menudo han sido objeto de numerosos recursos ante la administración y los tribunales antes de ser declaradas firmes una década después. Las cláusulas de la licitación prevén adjudicar los contratos, divididos en lotes, a partir del próximo mes de mayo. A partir de entonces, los adjudicatarios tendrán un plazo de cinco meses para presentar los proyectos a Territorio.

Algunas de estas construcciones se construyeron sin contar con licencias. Es el caso de las dos viviendas en suelo rústico de Naut Aran, una en las proximidades de la ribera del Aiguamòg y otra cercana a Bagergue. Así lo indicó el ayuntamiento, que apuntó que los promotores las construyeron después de que el consistorio les negó la licencia de obras. El alcalde, César Ruiz-Canela, precisó que no son antiguas bordas de pastores restauradas como viviendas, sino edificios de nueva planta (ver desglose).

En otros casos, se trata de edificaciones que no se ajustan a la autorización concedida por el ayuntamiento. Ejemplo de ello es el edificio de Vàzquez en Sant Esteve de la Sarga: se construyó al amparo de una licencia municipal para edificar un almacén agrícola, pero la Generalitat estimó que el edificio inacabado era una vivienda y que había excedido de mucho la superficie autorizada. Esto dio paso a litigios que se prolongaron hasta 2016, cuando sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Supremo dieron la razón al Govern sobre el exceso de obra, sin pronunciarse sobre si era una casa o un almacén.

La Val regula la restauración de bordas para uso familiar La rehabilitación de antiguas bordas ha sido objeto de numerosas denuncias urbanísticas y litigios en la última década en Aran. En algunos casos, porque los promotores construyeron viviendas donde nunca había existido una de estas cabañas de pastores; en otros, porque hacían obras que superaban de largo las dimensiones de la borda original. Además, la normativa sólo permitía rehabilitarlas para usos agrícolas y ganaderos, en declive en la Val.