SEGRE

'CASO ADIGSA'

El constructor que confesó 'mordidas' por obras en Lleida apunta a CiU

Rehabilitó 28 pisos de la Generalitat en Artesa, Lleida y Alfarràs con contratos a dedo y dice que lo comunicó a Artur Mas || El resto de imputados se declara culpable

Salguero (derecha) a su llegada ayer a la Audiencia de Barcelona.

Salguero (derecha) a su llegada ayer a la Audiencia de Barcelona.EFE

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José Antonio Salguero, contratista y único acusado del ‘caso Adigsa’ que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para evitar ingresar en prisión, afirmó este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que las supuestas “mordidas” del 20% de esta supuesta trama corrupta eran para CiU y que se lo advirtió al expresidente catalán Artur Mas y al exconseller Felip Puig.

El juicio empezó este martes tras 12 años de instrucción por parte de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que apreció contratos amañados, presupuestos inflados y comisiones ilegales en obras de rehabilitación de pisos de protección oficial de la Generalitat. De estas viviendas, que la antigua empresa pública Adigsa adquirió para destinar a alquier social juvenil, 24 se encuentran en Artesa de Segre, 3 en Lleida y 1 en Alfarràs, todas reformadas por Salguero. Seis de los siete acusados (el entonces consejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fondevila, el “técnico externo” José María Penín, el responsable de la tramitación de expedientes de contratación Jordi Huguet, el encargado de adquirir pisos de segunda mano Xavier Sala y los contratistas Jordi Honrubia y Ángel Egido), firmaron un acuerdo con la Fiscalía donde reconocen haber cometido prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, por lo que deberán afrontar penas de multa, además de devolver conjuntamente 120.000 euros.

Evitarían así ingresar en prisión porque se les rebaja la condena por dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño y porque ninguna de las penas por cada delito supera los dos años de cárcel. El abogado de Huguet, Francesc Jufresa, apuntó que el acuerdo significa que renuncian a la posibilidad de ser absueltos para asegurarse que no ingresarán a prisión.

Salguero, que declaró como acusado, se desmarcó del acuerdo porque se considera víctima de un “chantaje”, ya que, según denunció, si no pagaba la supuesta “mordida”, no le pagaban las obras de reparación. El fiscal pide para él un año y medio de cárcel. Salguero afirmó que acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos cuando el entonces presidente, Pasqual Maragall, habló del 3%. El juicio continuará hoy.

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