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Una decena de ayuntamientos supera la deuda máxima para pedir créditos

Lleida, Corbins, Seròs, el Pont de Suert, Sant Guim, Tornabous o Vilaller, entre otros

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Una decena de ayuntamientos de Lleida superan, con las últimas cifras oficiales del ministerio de Hacienda, de diciembre del 2015, el límite máximo de deuda a partir del cual tienen que pedir autorización de la Generalitat para endeudarse, de manera que tienen que contar con un plan de saneamiento y sus inversiones están hipotecadas.

Una decena de ayuntamientos de Lleida supera el límite máximo de deuda permitida, de un 110% sobre los ingresos corrientes, más allá del cual tienen que presentar un plan de saneamiento y pedir una autorización a la Generalitat para acogerse a un crédito a largo plazo (de más de un año de amortización). También supone una hipoteca sobre otros movimientos financieros y sobre inversiones, que quedan limitadas o incluso prohibidas. Según los últimos datos oficiales del ministerio de Hacienda, con cifras liquidadas al cierre del 2015 (que aportan información de 140 de los 231 ayuntamientos de Lleida), se encontraban en esta situación los consistorios de Corbins, Bovera, el Pont de Suert, Sant Guim de Freixenet, Seròs, Tàrrega, Tornabous y Vilaller. Recientemente se les ha sumado Lleida, mientras que responsables de finanzas de la Fuliola y de Tàrrega aseguran que cerraron en el 2016 por debajo de esta cifra máxima.

En el caso de la capital del Urgell, afirman que se situó en el 94 por ciento. La situación de todos estos ayuntamientos tiene una historia detrás y, según la mayoría de los alcaldes, una solución a corto plazo. De hecho, una deuda superior al 110% de los ingresos no era rara antes de la crisis, pero la reforma local impulsada por el Gobierno central endureció las condiciones financieras de los consistorios.

Corbins es el caso más llamativo. La deuda se situaba en el 2015 en un 250% sobre los ingresos corrientes. El alcalde, Jaume Camarasa, calcula que según el plan de ajuste a que se sometieron las cuentas municipales en el 2020 alcanzarán el 110% para ir decreciendo la ratio posteriormente. El plan de ajuste finalizará dos años después. Las causas de esta situación se sitúan en mandatos anteriores, cuando se construyeron un pabellón y un gran teatro, que todavía se paga. La primera medida que tuvo que adoptar el consistorio por el plan de ajuste fue subir el IBI, aunque ahora ya puede rebajarlo otra vez.

La demora en el cobro de subvenciones o su cambio a deuda municipal han hipotecado consistorios

Una situación similar se repite en Seròs y en Vilaller. En el primer caso, el alcalde, Gabriel Pena, afirma que un millón de euros de deuda se debe a una subvención para un pabellón que la Generalitat no pudo asumir y convirtió en crédito a nombre del ayuntamiento que ahora amortiza la administración catalana. Pena pidió también una solución a la situación del consistorio, ajena a la gestión de las finanzas municipales, aseguró.

En Vilaller, Yerta afirma que la culpa es de una subvención del Feder pendiente desde el 2010 que cobrarán muy pronto, “según nos ha dicho el Gobierno, y rebajará la deuda a la mitad” sobre los 486.000 euros actuales. El de la Fuliola es otro caso destacable. El alcalde, Eduard Piera, explicó que con la venta de la residencia redujeron mucha deuda y “en seis años hemos pagado más de tres millones, de forma que diría que estamos por debajo del 110%,”. En Bovera, el alcalde, Òscar Acero, dijo que la situación de deuda llevó al consistorio a acogerse a un plan de pago a proveedores que implica que la mitad del dinero de la participación en los ingresos del Estado se la quede la administración central. El caso del Pont de Suert sería similar.

Los datos

  • 110% límite máximo de deuda. A partir de este límite las cuentas están condicionadas y hay que pedir permiso para endeudarse a la Generalitat.
  • 58 planes de saneamiento. En el primer trimestre se han abierto a Catalunya 5 planes de saneamiento. En todo 2016 fueron 13; 11 en 2015, y 29 en 2014.
  • Lleida ciudad. La Concejalía cerró en el 2016 con una deuda del 93,5% de los ingresos, pero tuvo que sumar la deuda de Gardeny, de 42 millones, con que supera el 110% y tendrá que presentar un plan de saneamiento a la Generalitat muy pronto.
  • Tàrrega. En diciembre el consistorio presentó el presupuesto 2017 y dijo que prevé amortizar 2,5 millones de deuda, que supondrá situarlo por debajo del 110%. Este miércoles, sin embargo, aseguró que ya cerró en el 2016 en un 94%.

Los ayuntamientos piden poder destinar el superávit a inversión Las entidades municipalistas (Asociación Catalana de Municipios, ACM, y Federación de Municipios de Catalunya, FMC) se han unido para reclamar al Gobierno central que permita que los ayuntamientos destinen el superávit municipal o el remanente, si hay, a inversiones en equipamientos y servicios. Según los representantes de los municipios, las haciendas locales son las únicas en la actualidad que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Gobierno estatal. Aun así, la ley para la reforma local (Lrsal) limita sus movimientos e imposibilita que puedan disponer libremente del superávit si tienen alguna deuda, de manera que obliga a destinarlo a amortitzación. Esta reclamación se está aprobando en prácticamente todos los ayuntamientos de Lleida y de Catalunya a través de mociones municipales, en las cuales piden remitir esta situación.

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