SEGRE

NORMATIVA

Una nueva ley abre la puerta a que 9 entidades de Lleida cultiven cannabis

El Parlament la debatirá el miércoles y plantea regular los locales donde consumirlo

Manifestación de apoyo a Josep Pàmies el día del juicio por cultivar cannabis, del que salió absuelto.

Manifestación de apoyo a Josep Pàmies el día del juicio por cultivar cannabis, del que salió absuelto.LLEONARD DELSHAMS

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El Parlament debatirá este miércoles una nueva ley que plantea autorizar a asociaciones de consumidores de cannabis a cultivarlo y distribuirlo, aunque únicamente entre sus propios miembros. Asimismo, propone una regulación sobre locales para consumirlo. En las comarcas de Lleida están registradas actualmente nueve entidades de este tipo.

Una nueva ley plantea autorizar a las asociaciones de consumidores de cannabis a cultivarlo y distribuirlo entre sus miembros para usos “lúdicos y terapéuticos”. El Parlament someterá el miércoles a aprobación esta normativa, que abre una puerta al cultivo legal de esta sustancia en Catalunya.

En las comarcas leridanas están actualmente registradas nueve entidades dedicadas a su consumo. Tres de ellas tienen su sede en la capital del Segrià y dos en el Alt Urgell, mientras que el resto se distribuye entre la Segarra, el Solsonès, la Val d’Aran y el Pallars Jussà.

El presidente del club de consumidores aplaude los controles que contempla la proposición de ley

El proyecto de ley, fruto de una iniciativa legislativa popular, llega al pleno del Parlament tras recoger numerosas enmiendas de JxSí, en el gobierno de la Generalitat; y del grupo socialista, en la oposición (ver claves).

En su última versión, el texto otorga a las asociaciones de consumidores de cannabis la capacidad de cultivarlo para “autoabastecerse” en función de la demanda de sus socios, en cantidades que no superen los 60 gramos al mes para cada uno (aunque puede aumentar para usos terapéuticos) ni los 150 kilos de producto seco en el conjunto cada cosecha.

La norma exige auditar el volumen de cada una y garantizar la ausencia de sustancias adulterantes. Asimismo, exige que las entidades controlen las cantidades que sus miembros retiran para su propio consumo.

Pàmies cree que la norma plantea una opción para quien no tiene tiempo ni espacio para cultivarlo

Esta normativa prevé regular también un aspecto del consumo del cannabis que ha sido objeto de polémica en el último año en Lleida: las condiciones que deben reunir los locales dedicados a consumirlo.

El texto los limita a los de las propias asociaciones, rechaza cualquier forma de promoción para atraer consumidores, limita el acceso a los socios de cada entidad y exige medidas para evitar molestias a terceros. Esto se plantea cuando los ayuntamientos de La Seu d’Urgell y Lleida han aprobado ya normas para limitarlos a través de ordenanzas y de su planificación urbanística.

Por su parte, los de La Pobla de Segur, Montferrer i Castellbò y Ribera d’Urgellet se acogieron el año pasado a moratorias de un año en la concesión de licencias para este tipo de locales.

Las claves

  • Iniciativa popular. El proyecto de ley es fruto de una iniciativa legislativa popular del colectivo Rosa Verda. Llega al pleno del Parlament tras recoger numerosas enmiendas en su dictamen, mientras que la incorporación de otras, no consensuadas, deberá debatirse en la Cámara catalana.
  • Información y salud. La proposición de ley establece que las asociaciones no podrán promover el consumo de cannabis y deberán informar sobre efectos nocivos. Asimismo, obliga a las entidades que lo cultiven a aceptar que sus miembros bajen su cuota de consumo individual o renuncien a ella por completo.
  • Cultivo para autoconsumo. El cultivo para autoconsumo no está específicamente penado, pero sí lo está el dedicado a la venta. No existe un límite en la cantidad que separa uno de otro, sino que queda a criterio de las autoridades. La llamada “ley mordaza” veta además plantas en lugares visibles.

En primera persona “Es una forma adecuada de evitar que se cultive para el narcotráfico” Josep Sasot. Capri Club Lleida La asociación de consumidores de cannabis Capri Club de Lleida es una de las entidades catalanas adheridas a la inciativa legislativa que debatirá esta semana el Parlament. También impulsa un local social para consumir esta sustancia en el barrio de Cappont, una iniciativa que ha chocado con el rechazo de la Paeria y que es actualmente objeto de recursos. El presidente, Josep Sasot, valoró positivamente la proposición de ley al considerar que frenará el cultivo y la distribución con fines de narcotráfico y evitará que personas que lo consumen para aliviar dolencias deban hacerlo en la clandestinidad. “El consumo lúdico puede sostener el coste de poner el cannabis al alcance de quien lo pueda requerir para usos terapéuticos”, señaló. Asimismo, aplaudió que el proyecto contenga medidas de “trazabilidad” de la producción para impedir que esta se distribuya fuera del ámbito de las asociaciones.  “La solución definitiva es que cada uno pueda tener sus propias plantas” Josep Pàmies. Dolça Revolució. El horticultor Josep Pàmies se enfrentó el pasado mes de mayo a un juicio por plantar cannabis en sus terrenos en Balaguer. Fue absuelto este mes, en una sentencia sin precedentes en Lleida que valoró que este cultivo tenía una finalidad únicamente terapéutica y no estaba destinada al tráfico, una resolución que la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial. Pàmies considera que la ley que debatirá el Parlament puede ser “una opción para quien no tenga espacio ni tiempo para cultivarlo por sí mismo”, aunque cree que la solución definitiva para evitar el tráfico de esta sustancia es “permitir que cada uno pueda tener sus propias plantas en casa”. “Si cada persona puede cultivarlo en su propio domicilio, pierde todo el valor que pueda tener en el mercado negro”, argumentó. En cuanto a su uso terapéutico, pronosticó que se acabará imponiendo, sea mediante el autocultivo o de la mano de farmacéuticas.

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