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El turismo rural de Lleida, en guerra con la plataforma de pisos Airbnb

Denuncia ante la Generalitat competencia desleal de operadoras como Airbnb

Hotel Rural Mas d’En Roqueta, en Aravell, en el Alt Urgell.

Hotel Rural Mas d’En Roqueta, en Aravell, en el Alt Urgell.C. SANS

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La Confederació del Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya (Turalcat), que agrupa entre otras más de 220 casas de payés de Lleida, denuncia competencia desleal y agravios comparativos de las plataformas de alquiler de pisos turísticos, en concreto de Airbnb, ya que no cumplen tantos requisitos fiscales y legales como ellas.

Según la directora de servicios técnicos de Turalcat, Montserrat Cobero, hay oferta ilegal, pero también mucha oferta legal que supone graves cortapisas para las casas rurales, que deben pagar cuotas de autónomos y cobrar un 10% de IVA a cada cliente como empresa turística, tal como marca la ley, una ley que no grava de la misma forma a los pisos basándose en la vertiente social que siempre ha tenido el alquiler.

Por esta razón, exigen un cambio en la normativa que frene la proliferación de estos pisos, menos sujetos a presión fiscal. Cobero indicó que se ha elevado una queja a la dirección general de Turismo para que el nuevo decreto que regule el sector tenga presente estas premisas.

La presidenta de la Federació de Turisme Rural de Lleida, Núria Ferrando, señaló que, gracias a las ventajas legales y fiscales que da la ley, la proliferación de pisos ha hecho que en el Sobirà se contabilicen más de 300. Cobero incidió en que el turismo de alquiler no beneficia al territorio, mientras que las casas de payés ayudan a su desarrollo. Algunas casas ya han denunciado a Airbnb a nivel particular.

Hasta 150 locales de Lleida no pagaron tasa turística en 2016 La Agència Tributaria de Catalunya (ATC) ha enviado entre los meses de enero y mayo hasta 150 requerimientos a establecimientos de Lleida que no pagaron la tasa turística en 2016. La ATC pide que estos locales presenten la autoliquidación del tributo o que acrediten que no están obligados a pagarlo. Los requerimientos se han elaborado a partir de un cruce de los datos extraídos de fuentes públicas y los que tiene la ATC. En el conjunto de Catalunya, se han enviado unos 750. En 2015, la ATC afloró 646.000 euros impagados de la tasa.

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