«El 155 es una agresión a los derechos sociales en Catalunya»

¿Reciben quejas de entidades porque les afecta la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

Recibimos centenares de quejas que son contra el 155, que ha provocado una parálisis de la administración y ha ralentizado las resoluciones de las quejas y peticiones de la gente. A nivel de calle, el 155 ha sido una auténtica agresión a los derechos sociales en Catalunya.

¿Y a usted como Síndic le ha afectado de alguna manera?

Nos ha afectado en tanto que tardamos más en recibir respuestas de la administración, pero no en cuanto a nuestra presencia territorial y recepción de quejas. En porcentaje, de cada 100 escritos que llegan, 30 no los aceptamos porque no hay motivos para la queja. El resto, lo transmitimos a la parte administrativa o empresarial que corresponda, a la espera de que nos den su versión.

Entonces, ¿su trabajo se ha visto ralentizado?

Cada vez más, lo que tramitamos a la Generalitat queda ralentizado o paralizado. Por tanto, una cifra importante de las quejas que recibimos ha quedado paralizada por el 155, porque no tienen respuesta a un ritmo habitual o no la tiene en absoluto. Esto se debe a que los responsables administrativos están, a su vez, paralizados por el 155.

Desde el Síndic defienden que la imposibilidad de que Jordi Sánchez sea el president de la Generalitat vulnera el código europeo de los derechos humanos. ¿Por qué?

El código europeo de los derechos humanos ha sido vulnerado por muchas decisiones de la fiscalía y del poder judicial. Es inadmisible desde la perspectiva europea de los derechos fundamentales que un juez pueda decir quien es o no es el candidato. Mientras seas diputado electo, no hay juzgado que te pueda prohibir el paso. Cuando el juez dice que Sánchez no puede ser el candidato a la presidencia de la Generalitat por su ideología o peligro de reiteración (o incluso peor, cuando dice que hay otros candidatos) está suplantando a los millones de personas que fueron a votar en un ejercicio democrático como son las elecciones. En Europa, esto es absolutamente contrario a los valores fundamentales.

¿Qué ayudaría a desbloquear la situación política catalana?

Ayudaría que hubiera un respeto a la libertad de expresión, que por las sentencias que estamos viendo está en peligro; a la de manifestación, donde vemos como el juez califica las manifestaciones del 11 de septiembre como actos criminales; la de participación, cuando un candidato no puede ser investido… Además, también ayudaría el diálogo, algo que pedimos desde el mes de octubre del año pasado.

En agosto visitó los asentamientos de los temporeros en Lleida. ¿Ha abierto alguna investigación al respecto?

Somos firmemente partidarios de defender los derechos de todos los que vengan a trabajar a nuestra casa. Sabemos que los que llegan para la temporada de la fruta lo hacen bajo contrato en origen. Hemos visto que también hay personas que están en condiciones infrahumanas y esto fue lo que quisimos señalar. Veremos si los compromisos de las instituciones se cumplen de cara a la próxima temporada.

¿Cómo terminó su actuación por los apagones de marzo de 2017 que dejaron sin luz a 9.000 abonados?

Abrimos una actuación de oficio y presionamos a la Generalitat. Finalmente nos respondieron que se abría un expediente con una sanción a la empresa implicada ante la evidencia de que había habido un mal servicio. Vimos que era necesario reforzar los servicios para que no se repitiera. En el momento en que se abrió el expediente creemos que se enfocó correctamente y con la multa correspondiente. Ahora, con el 155, veremos como podremos estar preparados para futuros eventos como este.

¿A qué se refiere?

Con el 155 estamos faltos de autoridad al máximo nivel para tomar decidiones como las que se tomaron en ese momento. Nos podemos encontrar debilitados para tomar decisiones.