Mollerussa aprueba el primer protocolo en Lleida para frenar las okupaciones

El ayuntamiento de Mollerussa ya tiene listo el protocolo de intervención en materia de okupaciones ilegales. Según el alcalde, Marc Solsona, es una iniciativa pionera en la demarcación que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el consistorio (ERC, PSC y PP) y que ayer fue presentada conjuntamente por sus portavoces y el concejal de Bienestar Social, Ciudadanía e Infancia, Josep Lavín. Este protocolo nace con un triple objetivo: articular una estrategia común de actuación, evitar los conflictos vecinales que genera y garantizar el derecho a la vivienda de las personas que okupan alguna por necesidad. El primer edil indicó que se quiere “mandar un mensaje a la ciudadanía de que somos conscientes de la problemática y que hay consenso para trabajar” y que, “en Mollerussa queremos actuar de manera coherente y atendiendo a la gente que realmente lo necesita a través de un protocolo para detectar las ocupaciones fruto de una necesidad social y condenar aquellas que son fruto de algún tipo de mafia o fraude”. En este sentido, explicó que “analizaremos la realidad socioeconómica de la familia okupa y, si esta tiene alguna ventaja social, el hecho de constatar que quiere continuar en la ilegalidad provocará que se revisen estas ayudas”. Asimismo, también destacó, tal y como recoge el protocolo, que “ninguna ocupación ilegal puede ser el paso previo a la obtención de una vivienda”, sino que se estudiará cada caso y si la familia está dispuesta a revertir la situación de ilegalidad pasará a formar parte del circuito habitual previsto.

La capital del Pla registra casos destacados de ocupación, como la que sufren los vecinos del bloque de viviendas de El Trenquet.

La medida cuenta con el aval de todos los grupos políticos del consistorio El portavoz del grupo municipal de ERC, Engelbert Montalà, remarcó que este nuevo protocolo dota al municipio “de herramientas para solucionar esta problemática de una forma real y caso por caso”. Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSC, Teresa Ginestà, destacó que la medida permitirá “actuar contra los abusos” en cuestiones de vivienda a pesar de las pocas herramientas que disponen actualmente los consistorios. Finalmente, el concejal del PP en el consistorio, Joan Simeón, indicó que “este protocolo transversal nos ayudará a dar celeridad a conflictos tanto en el ámbito humano como en el judicial a la espera que la ley que posiblemente se tramite en octubre encuentre una solución al problema.