La Audiencia archiva la causa por odio contra los 8 docentes de La Seu d'Urgell

Los ocho profesores de La Seu d’Urgell investigados no serán juzgados por incitación al odio en las aulas tras el 1-O. Así lo ha determinado la Audiencia de Lleida, que ha dictado el sobreseimiento libre para todos ellos. El tribunal considera que no hay pruebas del delito, que la convivencia en las aulas es la correcta y que no hubo incidentes.

La Audiencia de Lleida ha archivado la causa penal contra los ocho docentes de La Seu d’Urgell investigados por un delito de incitación al odio en las aulas tras el 1-O. Un auto que llega después del recurso interpuesto ante la Audiencia por parte de siete de los ocho afectados contra el auto del juzgado de Instrucción número 1 de La Seu, que decretó el archivo para seis de ellos pero mantenía abierta la investigación contra dos profesoras de Primaria del colegio Mossèn Albert Vives al considerar Fiscalía que había indicios de delito. El tribunal ha acordado ahora el sobreseimiento libre al considerar que “el clima de las aulas es correcto sin que nadie refiera la existencia de incidentes destacables y remarcando dichos informes que los alumnos que supuestamente tienen conflictos interactúan con normalidad entre ellos, constatando que la convivencia es la correcta”, y añade que “nada tiene que ver con una promoción directa o indirecta al odio contra un grupo determinado, fomentada o incitada desde el propio centro o por sus docentes en concreto”. La Fiscalía todavía no ha decidido si va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El director de la escuela Albert Vives, Isidor Alberich, se mostró ayer “muy satisfecho” por el archivo y manifestó que “han sido nueve meses de mucho sufrimiento pero sabíamos que acabaría saliendo la verdad”. Alberich agradeció los apoyos recibidos. Jaume Ribes, letrado de la directora del colegio Pau Claris y de una de las profesoras investigadas, manifestó que en la Audiencia “todos sabíamos que no había ningún hecho delictivo a investigar y no podía salir ninguna otra prueba que justificara mantener el sobreseimiento provisional en lugar de libre”. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, lo valoraron como una “excelente noticia”.

DECLARA LA PRIMERA VÍCTIMA DEL 1-O EN LLEIDA

El Juzgado de Instrucción 4 de Lleida acogió ayer la declaración de la primera víctima de las cargas policiales del pasado 1 de octubre en la capital del Segrià. Gerard Dago fue el primer herido de la actuación policial en el colegio electoral de Benestar Social, en el que otras 26 personas han presentado una querella colectiva contra agentes y mandos policiales por la actuación para impedir la celebración del referéndum sobre la independencia de Catalunya. Acompañado por su abogada, Ester Sancho, de la asociación Advocacia per la Democràcia, Dago señaló que fue a votar al colegio de Benestar, en la avenida del Segre, y que estando en la cola, los agentes le retorcieron el hombro izquiero, causándole una luxación que le tuvo un mes y medio de baja. “Irrumpieron entre los votantes de forma violenta y desproporcionada. Salí despedido entre cinco y seis metros”, explicó. En total, los juzgados de Lleida y de Solsona tienen 15 causas abiertas con 62 víctimas de las cargas policiales. Entre ellas, hay tres querellas colectivas, la de Benestar Social, la de Ponts (con una veintena de heridos) y del colegio electoral de la Mariola, con otras tres víctimas. La declaración de ayer se hizo a petición del juez para conocer de primera mano el testimonio de los heridos más graves.

Investigación abierta en Sant Andreu de la Barca La Fiscalía de Barcelona recurrió a mediados de mayo ante la Audiencia de Barcelona la decisión de un juez de Martorell de archivar su denuncia contra cinco profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca, a los que acusa de humillar a hijos de guardias civiles con comentarios sobre el 1-O. Lo hizo después de que el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Martorell decidiera mantener abierta la investigación contra tres docentes denunciados y archivar el caso para otros cinco, en un caso muy parecido al de La Seu d’Urgell.