Nueve encarcelados en España y siete procesados libres en Europa

El viernes 22 de septiebre de 2017 el entonces portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, compareció a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y se refirió en media docena de ocasiones a la concentración que había habido dos días antes frente a la sede del departamento de Economía de la Generalitat con el adjetivo “tumultuaria”. Sorprendió la palabra y, sobre todo, la insistencia con la que la utilizó. La semana siguiente se supo por qué. El entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciaba la apertura de diligencias por supuesta sedición. La existencia de un ‘tumulto’ es clave en ese delito. En la semana que sucedió a estos hechos y precedió al referéndum hubo diversas operaciones que provocaron la apertura de causas contra decenas de personas por colaborar en la organización de la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional (TC). Entre ellos, 33 alcaldes de Lleida que a día de hoy siguen imputados por haber permitido las votaciones en sus ayuntamientos. El referéndum se hizo pese a la prohibición del TC y las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en muchos colegios. La Fiscalía General del Estado amplió la causa al delito de rebelión y pidió imputar a todo el Govern de Puigdemont y a los presidentes de la Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El 16 de octubre declararon ante la Audiencia Nacional los Jordis y la jueza Lamela los encarceló. El 2 de noviembre ingresaron también en prisión todos los miembros del Govern que estaban en España. No lo estaban Puigdemont, Ponsatí, la leridana Serret, Comín y Puig, que para algunos pasaron a ser “huidos” y para otros, “exiliados”. Luego se les unieron Rovira y Gabriel. Los presos (Sánchez, Cuixart, Junqueras, Bassa, Forcadell, Romeva, Forn, Rull y Turull) siguen en la cárcel un año después. En el juicio les pueden pedir hasta 42 años de prisión (30 por rebelión y 12 por malversación). Muchos abogados no habían visto la palabra rebelión desde la carrera de derecho. El juez Llarena cree que el 1-O la hubo. De momento, a Alemania no la ha convencido. Tampoco a Bélgica, Escocia y Suiza, que han descartado la prisión.