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ENERGÍA POLÉMICA

La Vall Fosca lleva ante la UE el litigio por recibos de la luz

Por el IVA de las facturas a vecinos que tienen bonificaciones || Acuerdo para presentar una demanda en Estrasburgo

Un camión grúa acudió a cortar la luz a casas de Espui en 2016.

Un camión grúa acudió a cortar la luz a casas de Espui en 2016.ÒSCAR MIRÓN

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La Vall Fosca llevará ante la Unión Europea (UE) el litigio que mantiene desde hace ya una década con Endesa por el IVA de las facturas de la luz. El ayuntamiento de La Torre de Capdella prevé plantear su disconformidad ante el Tribunal de Estrasburgo y otras instancias comunitarias, según consta en el acuerdo que el pleno aprobó a finales del año pasado. El conflicto entre ambas partes sigue vivo tras un acuerdo parcial para que vecinos y consistorio liquidasen las facturas que habían rechazado pagar entre 2009 y 2014, a raíz de una sentencia favorable a la compañía y la amenaza de cortes de luz a finales de 2016 (ver desglose).

Desde la sesión del pleno celebrada en diciembre, el consistorio no ha formalizado todavía su demanda ante el Tribunal Europeo. Fuentes próximas al litigio apuntaron que, si bien el ayuntamiento tiene la intención de hacerlo, antes deberá decidir cómo contratar su representación legal en este litigio. El pago de los recibos se ha limitado a los emitidos hasta diciembre de 2014. Más allá de esta fecha han dejado de liquidarlos, al considerar que una reforma legal del IVA a partir de 2015 avala su oposición a pagarlo.

Oposición a pagar más por el IVA que por la energía consumida El litigio por las facturas de la luz se inició hace diez años, cuando ayuntamiento y vecinos rechazaron pagar facturas cuyo IVA era más caro que la energía consumida. Esto se debe a que el municipio se beneficia de un convenio firmado en 1927 con la antecesora de Endesa en la localidad, en virtud del cual pagan la electricidad a un precio muy inferior al de las tarifas actuales. Sin embargo, Endesa aplica el IVA correspondiente a la tarifa de último recurso. La empresa considera que la ley así lo exige, mientras que los afectados lo creen una interpretación errónea de la normativa. A raíz de una sentencia judicial, el municipio se avino a pagar las facturas hasta diciembre de 2014 y ambas partes se emplazaron a negociar las posteriores, aún sin resultado.

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