Reñé formará parte de la comisión que le investigará por el caso Boreas

El expresidente de la Diputación Joan Reñé formará parte finalmente como uno de los diputados del PDeCAT de la comisión creada en la corporación provincial sobre el caso Boreas, que llevó a su detención el 2 de octubre por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública y derivó en una crisis política que acabó con su dimisión. La comisión se reunirá con toda probabilidad por primera vez el próximo lunes. Pese a todo, el calendario electoral (las elecciones municipales que determinan la composición de la Diputación se celebran el 26 de mayo) da poco margen para nuevas convocatorias. Además de la del lunes 18, quedará el mes de abril pero el de mayo será básicamente electoral). La formación que gobierna la Diputación tendrá siete representantes en la comisión informativa: además del propio Reñé, estarán Rosa Pujol, Gerard Sabarich, Paco Cerdà, Eloi Bergós, Enric Mir y Joan Ubach. El expresidente había pedido desde que ERC forzó la creación de esta comisión formar parte de sus vocales y finalmente el grupo del PDeCAT así lo acordó.

Esta decisión no ha gustado a los promotores de la comisión. El portavoz, Jaume Gilabert, consideró que la presencia de Reñé en las reuniones no es adecuada y podría coartar el desarrollo de las sesiones y dijo que la presidenta, Rosa Maria Perelló, mostró esta misma opinión. ERC ha nombrado como vocales en la comisión al propio Gilabert, a Joan Talarn y a Ignasi Comella. El resto de grupos tendrán un representante cada uno: Enric Colom por el PSC; Francès Boya por Unitat d’Aran; Dolors López por el PP; Ángeles Ribes por C’s y Josep Cabré por la CUP.

Fuentes de la corporación remarcaron que la del caso Boreas será una comisión informativa, dada la imposibilidad de crear comisiones de investigación en esta corporación. El próximo lunes deberán determinar el calendario de las sesiones y concretar las citaciones de posibles testigos, aunque los funcionarios no estarían obligados a asistir. También destacaron que no se podrá interferir en la investigación judicial en marcha, para la que recientemente se pidió una prórroga de 18 meses, pero si plantear mejoras en el sistema de adjudicación.