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La Guardia Civil registra el consistorio de Almacelles y busca fraude en contratos

Fiscalía recibió una denuncia e interpuso una querella y el juez acordó las diligencias

Una de las cajas con información que la Guardia Civil y la comitiva judicial se llevaron ayer del ayuntamiento de Almacelles.

Una de las cajas con información que la Guardia Civil y la comitiva judicial se llevaron ayer del ayuntamiento de Almacelles.ÒSCAR MIRÓN

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La Guardia Civil registró ayer el ayuntamiento de Almacelles durante 11 horas por una investigación sobre fraude en contratación. Los agentes se llevaron más de treinta cajas con documentación sobre obras mayores y menores. El alcalde, Josep Ibarz, apuntó que la oposición podría estar detrás de la denuncia que recibió la Fiscalía.

La Guardia Civil registró ayer el ayuntamiento de Almacelles durante once horas por una investigación sobre fraude en contratación. Fuentes conocedoras del caso aseguraron que la Fiscalía recibió una denuncia y juntamente con la Guardia Civil llevó a cabo una investigación, tras la cual presentó una querella. El juzgado de instrucción número 3 de Lleida ordenó entonces las diligencias. El objetivo de la actuación de ayer fue la de asegurar documentación municipal sobre todo tipo de obra pública. Más de una veintena de agentes y una comitiva judicial se personaron en el consistorio pocos minutos antes de las ocho de la mañana. Después de identificarse, presentar una orden judicial y solicitar la presencia del alcalde, Josep Ibarz, se inició el registro, en el que estuvieron presentes la secretaria municipal, el interventor, dos técnicos (uno de ellos el arquitecto municipal) y la directora del Museo Mas Dordal, Montse Gené. Los agentes confiscaron el teléfono del alcalde e hicieron acopio de material. Se llevaron más de una treintena de cajas con todo tipo de documentación (especialmente sobre contratación de obras mayores y menores y algunos expedientes) y material informático. Al mediodía, salieron la directora del museo y el interventor, mientras el registro seguía en la primera planta. No obstante, horas después se requirió su presencia de nuevo. Las dependencias municipales permanecieron cerradas al público durante casi toda la jornada de ayer, mientras duró el registro. En el museo de Almacelles, donde también acudieron los agentes y la comitiva judicial y que permaneció cerrado, “clonaron un ordenador y supongo que han cogido alguna carpeta”, aseguró el alcalde.

Los agentes permanecieron en el ayuntamiento hasta pasadas las 19.00 horas, si bien al menos un agente de la policía judicial se quedó para terminar la copia del servidor. Ibarz apuntó el sistema es “lento”, por lo que no pudo confirmar si hoy el consistorio abrirá con normalidad. El primer edil aseguró sentirse tranquilo y mostró su confianza en la justicia. El alcalde señaló que la oposición podría estar detrás de la denuncia y les acusó de “utilizar la justicia y las denuncias a Fiscalía para intentar derrocar un gobierno democrático”. Ibarz apuntó que esto no “es lo que tocaría hacer en una sociedad moderna como la nuestra”. “Estoy convencido de que la parte política y la parte técnica y administrativa ha hecho bien el trabajo”, dijo Ibarz, y señaló que “ya tendremos ocasión de poder responder ante el juez cuando nos cite”, si así lo hace.

Un alcalde que ha salido indemne de varias causas penales contra él Josep Ibarz se ha enfrentado a diferentes causas penales a lo largo de la última década, aunque ha salido indemne de todas ellas hasta ahora. La primera se inició en el año 2009, cuando fue acusado de falsificar un documento oficial para poder imponer una multa de 16.000 euros a una vecina por una irregularidad urbanística. La absolución definitiva le llegó en 2015, pero al año siguiente el ayuntamiento fue objeto de un primer registro policial. El 15 de noviembre de 2016, agentes de los Mossos d’Esquadra se llevaron documentación de la sede del consistorio para investigar una denuncia de la edil de Almacelles Lliure sobre supuestas irregularidades en la contratación de personal. Se trata de unas diligencias de las que nada más ha trascendido desde entonces. Al margen de las actuaciones del Ministerio Público, el primer edil afrontó una querella penal de una empresa promotora de viviendas vinculada al sindicato CCOO, que le acusó de cohecho en trámites urbanísticos. También esta fue archivada poco después de presentarla, en el año 2010.

Una de las cajas con información que la Guardia Civil y la comitiva judicial se llevaron ayer del ayuntamiento de Almacelles.

Una de las cajas con información que la Guardia Civil y la comitiva judicial se llevaron ayer del ayuntamiento de Almacelles.ÒSCAR MIRÓN

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