Siete activistas de la Seu d'Urgell citados por participar en el corte de la N-260 optan por desobedecer la orden judicial

Siete activistas que participaron en el corte de la carretera N-260 a su paso por la Seu d'Urgell el 21 de febrero pasado, jornada de huelga general, han sido llamados a declarar entre este miércoles y jueves en el juzgado de Instrucción número 1 de la capital alturgellenca. En las puertas de este equipamiento, y acompañados de una setentena de personas que les han querido manifestar su apoyo, han anunciado que no darán respuesta a este requerimiento porque consideran que se está produciendo un "intento de criminalizar y atacar el movimiento popular". Entre los citados está el concejal de la CUP en el ayuntamiento urgelense, Pau Lozano, así como otros miembros de esta formación, de los colectivos Arran y Endavant y del CDR del Alt Urgell. A todos ellos se los investiga por los presuntos delitos de desórdenes públicos, resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad.

En el manifiesto que se ha leído durante la concentración, convocada a las once de la mañana delante del edificio de los juzgados de la Seu d'Urgell, se ha querido incidir en el hecho que el transcurso de la acción reivindicativa de la huelga general del 21 de febrero no se identificaron a las siete personas que han sido citadas a declarar entre este miércoles y jueves. En este sentido, han criticado a través de este mismo comunicado que se hayan utilizado "ficheros políticos" para hacerlo, así como también que en el último año se hayan abierto casi una decena de procedimientos administrativos y judiciales a activistas, militantes independentistas o feministas.

Una de las siete personas llamadas por el juzgado de Instrucción número 1 de la Seu d'Urgell, Pol Vidal, ha explicado que optan por no entrar a declarar porque consideran que presentarse ante el  magistrado es "legitimar" la actuación de los Mossos d'Esquadra en relación con el corte de la carretera N-260 el 21-F. Además, ha valorado las detenciones de miembros del CDR de Cerdanya para trasladarlos en la sede judicial de Puigcerdà como una muestra más de la "represión creciente" y ha tildado "de hipocresía" que el Gobierno inste en la población a manifestarse cuando después acaban siendo identificados y denunciados por la policía catalana.

Aparte de Vidal, también ha sido citado a declarar el concejal de la CUP del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, a Pau Lozano, así como Xènia Antona, Susana Edo, Ivan Garriga, Xavi Massallé y Joan Torrents. A todos ellos se los investiga por los presuntos delitos de desórdenes públicos, resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad. Sobre su identificación, Vidal ha explicado que se trata de siete personas "bastante conocidas" al municipio por el hecho de formar parte de varios movimientos populares. Además, considera que el objetivo de todo es utilizarlos como "cabeza de turco" para intentar que las próximas movilizaciones "pierdan fuerza". Sin embargo, ha dicho que su voluntad es conseguir "el efecto contrario" y ha querido agradecer las muestras de solidaridad recibidas.