Más de 5.000 familias esperan una vivienda social en Lleida, un 55% más que hace 5 años

El número de inscritos en las comarcas de Lleida en el registro de solicitantes de viviendas sociales (protección oficial) se sitúa en 5.012 familias, según los datos del departamento de Territorio y Sostenibilidad de finales de 2018. Una cifra que representa un incremento del 55,41% respecto a 2014 cuando fue de 3.225 inscritos, lo que supone que las peticiones han ido en ascenso a diferencia de la construcción de pisos de esta modalidad que en los últimos años ha sido muy baja o nula. La mayoría de las promociones sociales son anteriores a 2014 y algunas son de 2015 y fueron impulsadas por cooperativas o promotores privados. Los datos de Territorio reflejan que en las comarcas del llano hubo en 2018 3.910 peticiones y en las del Pirineo esta cifra se situó en los 1.108 solicitantes. Mientras, algunas comarcas han registrado un incremento más importante como es el caso del Pallars Jussà con 343 solicitudes en 2018 frente a las 69 peticiones de 2014. Asimismo, en el Sobirà las peticiones se han mantenido a lo largo de estos años pasando de las 109 en 2014 a las 147 en 2018. Lo contrario sucede en el Alt Urgell, donde los solicitantes de una vivienda social han sido cada año menos desde 2014 cuando se inscribieron 192 personas y en 2018 bajaron a 166. La misma situación se repite en Les Garrigues con 40 peticiones hace cinco años y 32 en 2018. Mientras, el resto de comarcas se han mantenido con ligeros incrementos. Asimismo, en el Segrià las peticiones también han ido en aumento ya que en 2014 había 1.761 demandantes y 2.403 en 2018, el doble. En cambio, en 2012, la cifra fue muy similar a los actuales (2.495). Con la crisis del sector inmobiliario, que comportó un importante descenso de los precios, a los constructores ya no les está saliendo tan rentable edificar viviendas de protección oficial, que debían facilitar el acceso a la vivienda a personas que no podían acudir al mercado libre, ya que su precio máximo estaba limitado y era más barato. La crisis y la supresión de las ayudas a promotores y compradores ha hecho que este tipo de modalidad ya no tenga mucho sentido. Asimismo, las administraciones están intentando paliar la falta de viviendas sociales activando los pisos vacíos de entidades bancarias, ya sea a través de su cesión o comprándolos. De hecho, la Agència de l’Habitatge de Catalunya adquirió en 2018 en las comarcas leridanas hasta 93 viviendas, la mayoría, de entidades bancarias y procedentes de embargos o subastas, para ampliar el parque público. La mitad de estas (47) fueron en Mollerussa, más que en Lleida capital donde se compraron 26. La Generalitat aprobó este año nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda social entre las que destaca que municipios con demanda residencial impulsen, en dos años, la construcción de vivienda social sobre solares disponibles de su patrimonio para destinarlo a alquiler.