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Sucesos

La aseguradora del cazador que mató a dos agentes rurales en Aspa rechaza hacer frente a los 300.000 euros de indemnización

Actualizada 15/07/2019 a las 13:05
Asegura que el momento concreto del crimen no es un acto de cazar y que por lo tanto no puede estar asegurado en la póliza
Ismael Rodríguez Clemente.

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© Ismael Rodríguez Clemente.

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La aseguradora del cazador que mató a dos agentes rurales en Aspa rechaza pagar la responsabilidad civil de 300.000 que la Audiencia de Lleida le impuso por el crimen. Mussap ha defendido al juicio de apelación celebrado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el momento concreto del crimen no es un acto de cazar y que por lo tanto no puede estar asegurado a la póliza. La acusación particular, representada por el abogado Pau Simarro, considera que el argumento es "absolutamente absurdo" porque "no podemos hacer un paréntesis a la vida del cazador cuando aparecen los agentes rurales y cerrarlo cuando los mata", ha explicado. Simarro defiende que el crimen es un acto doloso e intencionado y que por lo tanto la aseguradora se tiene que hacer cargo de parte de la indemnización (que subía además de un millón de euros en total) y después, si quiere, reclamarle su importe al cazador.

Para la acusación particular, el argumento de la aseguradora es "inconsistente y sin fundamento jurídico" y por lo tanto, considera que el TSJC confirmará íntegramente la sentencia emitida en febrero por la Audiencia de Lleida, que ordenaba al autor del crimen, Ismael Rodríguez, a pagar una indemnización de 1.077.473,28 euros a los familiares de las víctimas y aparte de ella, unos 300.000 euros, que lo asumiera la compañía aseguradora del cazador. La sala condenó a 45 años de prisión al cazador acusado de matar dos agentes rurales en Aspa, el 21 de enero de 2017. Al jurado popular ya lo declaró culpable de asesinato con alevosía y atenuante de confesión y descartó ninguna alteración psíquica que lo impidiera saber qué estaba haciendo cuando disparó. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Audiencia decidió imponer a Rodríguez 22 años de prisión para cada uno de los dos asesinatos, un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, ya que disparó con una escopeta para la cual no tenía licencia, y 1.080 euros de multa por un delito contra la fauna.

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