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MEDIO AMBIENTE ESPACIOS NATURALES

Lleida y Huesca pedirán suspender licencias para navegar en Mont-rebei

Solicitarán a la CHE una moratoria de un año en la concesión de nuevos permisos || Mientras redactan el plan director para regular los usos turísticos de la zona

La reunión celebrada ayer en la Diputación de Huesca para tratar la regulación de Mont-rebei.

La reunión celebrada ayer en la Diputación de Huesca para tratar la regulación de Mont-rebei.DPH

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Las administraciones de Lleida y Huesca pedirán a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) una moratoria de un año en la concesión de nuevos permisos para navegar en el congosto de Mont-rebei y el embalse de Canelles. De este modo, esperan evitar la proliferación de embarcaciones en la zona mientras elaboran el plan director que deberá regular el acceso y los usos turísticos de este espacio natural, que recibe cada año 200.000 visitantes. Así lo explicaron ayer miembros de la comisión que reunió ayer en Huesca a representantes de la Generalitat y el Gobierno de Aragón, de las diputaciones leridana y oscense, y de las comarcas y municipios afectados.

Junto a la suspensión de permisos por un año, la comisión pedirá a la CHE poder prorrogar la moratoria si es necesario y también revisar los permisos ya concedidos. En cuanto a la elaboración del plan director, irá precedida de estudios ambientales, de seguridad y una valoración económica. Las diputaciones de Lleida y Huesca pagarán a partes iguales el coste de elaborar esta documentación.

“Hasta disponer de este plan pedimos una moratoria a la CHE”, dijo el presidente de la diputación de Huesca, Miguel Gracia. Por su parte, el presidente de la corporación provincial de Lleida, Joan Talarn, apuntó que elaborar un plan director “es la vía más rápida” para regular los usos de Mont-rebei y recalcó que evitar a masificación de este espacio supone también “velar por la seguridad de las personas” que lo visitan. Por su parte, el alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, destacó la necesidad de disponer de una regulación unitaria entre ambas comunidades así como de los accesos al desfiladero, tanto por la parte catalana como por la aragonesa. Insistió en primar la seguridad de los turistas que visitan este espacio natural.

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