El ayuntamiento actúa en 48 casos de viviendas okupadas en un año

El ayuntamiento de Mollerussa ha activado el protocolo de intervención por ocupaciones ilegales en un total de 48 casos en la ciudad. De estos, 25 se han podido solucionar mientras que 23 expedientes siguen abiertos y en vías de un acuerdo. Así lo confirmó el alcalde Marc Solsona, en la charla Mollerussa avui que se celebró el viernes en el teatro L’Amistat. Este plan de actuación se activó en junio del 2018 para mejorar y agilizar la respuesta municipal ante estos casos. El primer edil destacó que no todas las ocupaciones en la ciudad son iguales y diferenció las que son por necesidad o han sido objeto de engaño de las que tienen un uso fraudulento de una vivienda. En el primer caso, se trabajan varias opciones, una de ellas a través de la Bolsa de Vivienda municipal para reconducir el caso a un alquiler social. En este sentido, el alcalde explicó que la capital cuenta en la actualidad con 68 viviendas destinadas a alquiler social, de las que 11 se han firmado durante el primer semestre el año.

Por otra parte, el pleno ordinario que acogerá la sala de plenos del ayuntamiento de la capital del Pla d’Urgell mañana jueves debatirá la aprobación del encargo de gestión al Institut Català del Sòl (Incasòl) del derribo del primero de los cuatro bloques del Grup Sant Isidori. El consistorio ha llevado a cabo la redacción de este proyecto pero será el Incasòl el encargado de licitarlo por un importe total de 104.000 euros. Según el alcalde, de esta manera el derribo del bloque A podría llevarse a cabo entre finales de este año y principios del próximo.

El consistorio ya llegó a un acuerdo con la Generalitat para que esta se haga cargo del coste de dicho derribo, que de forma global asciende a unos 400.000 euros.