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Albert Batalla y Jesús Fierro, citados a declarar al juzgado de instrucción 2 de la Seu d'Urgell por irregularidades en el Alt Urgell

Actualizada 17/02/2020 a las 16:55

La causa está abierta por los delitos de prevaricación, malversación, contra la administración pública, fraude contractual, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios

Imatge del jutjat de primera instància i instrucció de la Seu.

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© Imatge del jutjat de primera instància i instrucció de la Seu.

C.SANS

El juzgado de instrucción número 2 de la Seu d'Urgell ha citado a declarar como investigados el próximo 26 de febrero el exalcalde de la Seu, Albert Batalla, y el expresidente del Consejo Comarcal del Alt Urgell, Jesús Fierro, por presuntas irregularidades en la comarca en materia de urbanismo. En concreto, se los investiga por la presunta construcción de viviendas en una zona protegida de la Seu d'Urgell. El juzgado ha abierto otras causas, como una supuesta prevaricación y falsedad en la adjudicación de una planta de tratamientos de lixiviados ubicada en el depósito controlado de residuos municipales, en la partida de Benavarre, dentro del término municipal de Montferrer i Castellbò, según ha avanzado 'La Valira' y ha confirmado SEGRE.

Además, la causa está abierta por los delitos de prevaricación, malversación, contra la administración pública, fraude contractual, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios. La investigación está relacionada con subvenciones de la UE, fondo Leader y Feder, que no se habrían destinado al motivo por el cual se dieron. También habría concesiones de obras sin los contratos correspondientes. La actuación parte de una querella de fiscalía, que recibió una denuncia e investigó el caso durante seis meses. El juzgado abrió el procedimiento el 26 de marzo de 2019 y la Guardia Civil entró el 28 de marzo en el Ayuntamiento y en la sede del Consejo y volcó la información de los ordenadores y se llevó cuatro cajas.

El juzgado también investiga la que, en el momento de los hechos, era la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Mireia Font, y la gerente del Consejo Comarcal, Sara Camps, a raíz de una querella presentada por la fiscalía. Además de Batalla y Fierro, la magistrada ha citado a declarar para el 27 de febrero a tres personas vinculadas al Consorcio Alt Urgell Gestión del Medio Ambiente (AUGEMA) por supuesta prevaricación y falsedad en la adjudicación de una planta de tratamientos de lixiviados ubicada en el depósito controlado de residuos municipales, en la partida de Benavarre, dentro del término municipal de Montferrer i Castellbò.

Los lixiviados son los residuos líquidos que se generan en un depósito controlado a consecuencia de la infiltración de las aguas de lluvia, del contenido de humedad del residuo y, en el caso de los residuos biodegradables, del contenido en materia orgánica.La adjudicación de la planta se hizo en la UTE Sufi-Romero Polo-Mediambiental por un importe de 1.250.734,06 euros. La obra del año 2008 fue subvencionada por el departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat.

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