La Diputación prevé superar los 155 millones en el presupuesto este año

El pleno de la Diputación aprobó ayer su presupuesto para 2020, de 133,8 millones de euros, con los votos a favor del gobierno de ERC y JxCat y del diputado provincial de Unitat d’Aran (UA), Amador Marqués. Fue el único miembro de la oposición que los apoyó, mientras que PSC, Cs y ECP votaron en contra. Con el nuevo presupuesto en vigor, el ente provincial confía en aumentarlo hasta los 155 millones a lo largo del año, tras cerrar las cuentas de 2019 e incorporar más de 22 millones procedentes de partidas no gastadas y de ahorro respecto a las previsiones del año pasado.

La cifra final está por determinar, condicionada por el hecho de que la ley de reforma local (LRSAL) limita el uso de los remanentes y da prioridad a liquidar deuda. El presupuesto reserva 37,5 millones para aportaciones a municipios, consells y consorcios participados por la Diputación. De esta suma, destacan 11 millones para el fondo de cooperación local, con un millón para pueblos de montaña y otro para los amenazados por la despoblación. El gobierno confía en sumar a este programa otros 4 millones y llegar a 15.

Los grupos del PSC, Cs y ECP votaron en contra de los presupuestos de la corporación provincial

La previsión de incorporar a 65 empleados a la plantilla aumentará en 1,5 millones el capítulo de personal. Asimismo, incluye 1,17 millones para la nueva área de Medio Ambiente y 587.00 para la de Igualdad. El presidente, Joan Talarn (ERC), los calificó como “los primeros presupuestos sociales y progresistas” e insistió en que limitan las ayudas directas. El vicepresidente primero, Jordi Latorre (JxCat), defendió que es un presupuesto “ambicioso” gracias a que la Diputación está “saneada” con un endeudamiento del 31%. Marqués explicó su apoyo como un “margen de confianza” al gobierno y el socialista Fèlix Larrosa le instó a“vigilar” que se cumpla el presupuesto. Larrosa criticó que partidas sin ejecutar pasan “de un ejercicio a otro”. Tanto él como Maria Burrel (Cs) criticaron los 68.000 euros para el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Elena Ferré (ECP) lamentó que no prevea adquirir viviendas para asistir a personas desahuciadas.

Lleida

El apoyo a la agricultura y en especial a los producctores de fruta dulce ante la crisis de precios ocupó un lugar destacado en el pleno. Lo hizo en primer lugar con una declaración institucional, que reprodujo el manifiesto de la manifestación que el sector celebró en Lleida el pasado día 15. JxCat presentó más tarde su propia moción “en defensa del mundo rural, la figura del payés y el medio ambiente”. Casi todos los demás grupos la criticaron, pero acabó aprobándose por unanimidad. El texto defendía reconocer como agricultor solo a quien reciba de esta actividad al menos el 75% de su renta, en lugar del 50% actual. También hacía hincapié en potenciar subvenciones. El diputado de ERC Jordi Verdú calificó de “electoralista” el “simple hecho de presentar la moción” y acusó a JxCat de “buscar rédito” político. Tanto Verdú como Maria Burrel (Cs) valoraron que subir el porcentaje de renta para ser reconocido como agricultor perjudica a los que necesitan una segunda actividad. Elena Ferré (ECP) cuestionó el papel de las subvenciones. Por otra parte, Talarn y Burrel se enzarzaron en una bronca cuando esta cuestionó el área de Igualdad. La calificó de “chiringuito” y de “traje a medida para un miembro del gobierno”. El presidente la acusó de “faltarle al respeto”. Atribuyó la actitud de Burrel a que “gobiernan en otros territorios con fascistas” y esta le replicó que ERC lo hace con “corruptos”. Por otra parte, el pleno aprobó una moción del PSC que reclamaba hacer frente a la despoblación rural y rechazó otra de ECP en favor de la escuela pública y contra el cierre del Àngel Guimerà de Balaguer.