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La actividad judicial se mantiene bajo mínimos hasta el 24 de mayo

Siguen suspendidas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales || Sindicatos critican una desescalada “sin garantías de seguridad” para empleados

Mampara protectora en las Oficinas de Atención Ciudadana de los juzgados de Solsona.

Mampara protectora en las Oficinas de Atención Ciudadana de los juzgados de Solsona.JUSTICIA

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 24 de mayo, tras publicarse ayer en el Boletín Oficial del Estado la nueva prórroga del estado de alarma por la pandemia. Según informa en un comunicado el órgano de gobierno de los jueces, esa prórroga implica que se mantiene el acuerdo para “la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales”, salvo en los servicios esenciales marcados en coordinación con el ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Además de la prórroga del estado de alarma, se publica también en el BOE una orden del ministerio de Justicia con el esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada para el sector, con la reincorporación progresiva del personal de la administración de Justicia a sus puestos a partir del próximo martes.

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Publican un esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada, que comienza el martes

n esa primera fase se prevé que acudan a cada centro de trabajo entre un 30 y un 40% de los efectivos, una semana después lo hará entre el 60 y el 70% del personal y en una tercer fase debería encontrarse en sus puestos la totalidad de la plantilla (ver SEGRE de ayer). Si se cumplen los plazos establecidos, esa tercera fase comenzaría el 26 de mayo, fecha en la que se activarían los plazos procesales suspendidos por el coronavirus. Respecto a este plan de desescalada en el sistema judicial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) criticó ayer que parte de la plantilla tenga que comenzar el martes “sin las debidas garantías de seguridad para la plantilla”. Según denunció este sindicato, no se garantizan los test fiables previos a la reincorporación que el Consejo General del Poder Judicial sí que prevé para jueces y magistrados. Además, señaló que no se garantizan la provisión efectiva de mascarillas para todo el personal que se reincorpore.

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