La Diputación promete ayudas a empresas y autónomos para paliar perjuicios de la Covid

Todos los grupos políticos de la Diputación apoyaron ayer una declaración institucional “para la contención de la Covid-19 y el relanzamiento económico” de las comarcas de Lleida, en la que se comprometen a “concretar” una “línea de ayudas para empresarios y autónomos”. Esto se haría aprovechando un estudio del Patronato de Promoción Económica para analizar las consecuencias de la pandemia en el tejido empresarial leridano. Estas futuras subvenciones se sumarían a los 6,5 millones que anunció la Generalitat para el Segrià. Asimismo, todos los grupos pidieron a la subdelegación del Gobierno que traslade al Estado “la necesidad de dotar al Segrià y la Noguera de una línea de ayudas económicas” y que estudie medidas “en el ámbito de las competencias estatales en materia laboral, fiscal y sanitaria”. Solicitan al Estado que haga efectivos los pagos pendientes de los ERTE e instan a la Generalitat a incrementar el parque de viviendas sociales.

Asimismo, la corporación mostró todo su apoyo al sector agroalimentario, a quien “se ha culpabilizado de los rebrotes”. En este sentido, remarcaron que “la inmensa mayoría de empresarios hacen las cosas bien” e instaron a que quienes no lo hacen “sean detectados y sancionados”. Del mismo modo, pide que “más allá de ser recomendaciones”, los protocolos sean “de obligado cumplimiento”. También solicitan que los Mossos garanticen el cumplimiento de las normas, también en el espacio público.

En la declaración institucional, los grupos piden a la conselleria de Salud la reapertura de los consultorios rurales cerrados y que se hagan todos los test PCR necesarios y “masivamente tan pronto como sea posible”. Asimismo, instan a reforzar la atención primaria para “evitar que el problema de los rebrotes se vaya moviendo territorialmente en función de las campañas agrarias o del turismo”. La Diputación también impulsará una mesa de trabajo para la reconstrucción socioeconómica de la demarcación, con la presencia de representantes económicos y sociales, colegios profesionales, la UdL y organismos de las administraciones.