La Generalitat rechaza resarcir con 777.321 euros a las familias de los rurales asesinados

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha desestimado la indemnización de 777.321,46 euros que las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa por un cazador en 2017 reclamaban a la conselleria de Agricultura en concepto de responsabilidad patrimonial. Concretamente, las familias de Xavier Ribes y David Iglesias presentaron la reclamación al entender que su muerte fue “consecuencia de la falta de medidas de seguridad y protección facilitados por el departamento en el ejercicio de sus funciones como agentes rurales ante personas armadas” por lo que se produjo una omisión en materia de riesgos laborales. También sostenían que hubo “inactividad del departamento, dado que eran conocedores de otros supuestos de riesgo sucedidos en el pasado sin que adoptaran cambios en los protocolos de actuación”. En este sentido, las familias argumentaron que, si se hubieran adoptado medidas como la de facilitar chalecos antibalas y patrullar con un agente armado extra, “no se habría producido el fatal desenlace”. Además, recordaron que el protocolo de actuación cambió dos días después de la tragedia.

Sin embargo, la Comisión Jurídica Asesora, determina que los hechos probados “evidencian que la producción del daño se debe a la intervención determinante de un tercero -el cazador- ajeno al funcionamiento del servicio público”, por lo que fue “un evento lesivo muy difícil de prevenir”. La comisión añade que “al igual que los agentes no tuvieron tiempo de haber avisado con sus equipos, se puede tener por casi cierto que tampoco hubieran podido utilizar sus armas, y en cuanto a la presencia hipotética de un tercer agente, se debe tener presente que el cazador disparó tres veces antes de recargar el arma a fin de rematar uno de ellos”. Por último, asegura que “un hecho delictivo tan grave e inesperado, sin precedentes en el Cuerpo de Agentes Rurales, por una persona sobre la que la Administración no tiene deberes intuitivos o de vigilancia, es la causa adecuada y próxima del daño” por lo que no hay un posible nexo causal con una eventual omisión de la Administración. “De lo contrario, se estaría convirtiendo la Administración es una aseguradora universal de cualquier daño” y que es rechazada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El cazador fue condenado a 45 años de cárcel por dos asesinatos

La Audiencia de Lleida condenó a un total de 45 años de prisión a Ismael Rodríguez Clemente, el cazador de 31 años que asesinó a tiros a dos agentes rurales de Lleida en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. La Audiencia le impuso 22 años por cada asesinato y uno por tenencia ilícita de armas. También fijó en 1.077.473 euros la responsabilidad civil por los daños causados a las familias de las víctimas. Parte de la indemnización, 300.000 euros, ha tenido que ser asumida por la aseguradora, según estableció el TSJC.