Las familias de los dos rurales asesinados podrían reclamar por vía judicial

Las familias de los dos agentes rurales asesinados por un cazador en Aspa en 2017 podrían recurrir a la vía judicial para reclamar una indemnización al considerar que el departamento de Agricultura tuvo responsabilidad en los hechos por la falta de medios de autodefensa por parte de los agentes. Según señaló ayer el abogado de la familia, Pau Simarro, hasta la fecha la Generalitat todavía no se ha pronunciado sobre la reclamación patrimonial, ya que, como informó SEGRE, la Comisión Jurídica Asesora sí ha emitido un informe desfavorable, pero este aún debe ser valorado por la conselleria de Agricultura. Según Simarro, la conselleria todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto y que, en caso de desestimar la petición de las familias, estas podrían recurrir a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Este paso, según el letrado, se daría para someter a los tribunales la decisión de si la Generalitat “tenía responsabilidad o no” en la muerte de los rurales por no haber adoptado las medidas de seguridad “que eran imprescindibles para proteger un cuerpo de agentes que ejerce su función en un escenario de personas armadas”. Según el dictamen de la comisión, que no tiene por qué ser aceptado por la Generalitat, según Simarro, se consideró que el hecho de tener armas no habría podido evitar el ataque del cazador. El letrado insistió en que aún se debe pronunciar la conselleria de Agricultura.

Mientras, la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya calificó de “vergüenza” el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. También desde CCOO lamentaron que la Generalitat no asuma su responsabilidad.