La Batllia contra Rajoy

La Batllia d’Andorra (primera instancia de la justicia andorrana) investigará si el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y la cúpula del ministerio de Interior presionó a directivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir información sobre supuestos fondos bancarios de líderes independentistas en el Principat.

Lo hará tras aceptar una ampliación de la querella interpuesta por el Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) y por el colectivo de juristas catalanes Drets en el año 2017 contra cuatro policías españoles de alto rango (entre ellos, el excomisario español José Manuel Villarejo) por “presionar” a la cúpula de BPA con la finalidad de conseguir la información bancaria de la familia Pujol, del expresident Artur Mas y del líder de ERC, Oriol Junqueras.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables de BPA, dentro de la llamada Operación Catalunya, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y su filial española Banco Madrid (ambos ya clausurados). Los querellantes aseguran que el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN), al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano y a sus ministros en la visita oficial que Rajoy y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hicieron en el Principat el 8 de enero del 2015, para precipitar el cierre de la entidad.

Todo ello se basa en la hipótesis de que la nota de la FinCEN de los EUA de marzo del 2015, que acabó con la intervención de BPA por parte de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), la instó el Gobierno de España en la “guerra” que mantiene con el independentismo catalán porque la entidad andorrana no quiso colaborar con la policía española, que buscaba pruebas de cuentas ilícitas.

La justicia andorrana traspasará así fronteras para investigar por presuntos delitos de corrupción, coacción y extorsión en territorio andorrano al expresidente español Rajoy, al exministro de Hacienda, Montoro, al de Interior, Jorge Fernández Díaz, y al exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez (que ya no milita el PP). La querella imputa también al exdirector de la policía española Ignacio Cosidó. Ahora se abre la posibilidad de que se envíe una comisión rogatoria a España y de que Rajoy tenga que nombrar a un abogado y declarar por estas imputaciones, una acción que sin duda tendrá un importante impacto.

La querella inicial de IDHA, de 2017, fue presentada contra los policías españoles por “presionar” a la cúpula de BPA. Con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, los querellantes constataron que la actuación policial conocida como Operación Catalunya tenía sus responsables políticos y que el ex presidente y los dos exministros fueron los promotores de la elaboración y el envío de información “falsa” al FinCEN, incriminando a BPA en un delito de blanqueo de capitales para que “se precipitara la intervención y liquidación” de la entidad.

Según el IDHA, Villarejo habría declarado que recibió la orden de inventarse pruebas contra Banca Privada. Un movimiento que forzaron ante la imposibilidad de acceder a los datos de los líderes políticos de forma “legal” a causa del secreto bancario del país. Por este motivo, en la ampliación de la querella admitida ahora por el juez, se acusa a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz de falsedad documental. Sobre la acusación a Rajoy y Montoro por un delito de coacciones, los querellantes aseguran que los dos mandatarios habrían hecho uso de la “información falsa” del FinCEN para “intimidar” al ejecutivo andorrano aprovechando la visita del 2015 para que se interviniera BPA. En la visita de 2015, Rajoy y el jefe del ejecutivo andorrano Toni Martí pospusieron unos años la firma de un convenio sobre intercambio de información fiscal y aseguraron que no habían hablado del caso Pujol.