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TRIBUNALES INVESTIGACIÓN

Archivan la causa por obras en La Seu al no apreciar indicios de delito

Actualizada 01/10/2020 a las 09:14

Al considerar que los trámites para una nueva urbanización se ajustaron a la ley || Un año y medio después del registro de la Guardia Civil en el ayuntamiento

L’escorcoll de la seu de l’ajuntament el 28 de març del 2019.

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© El registro de la sede del ayuntamiento el 28 de marzo de 2019.

C. S.

El juzgado de primera instancia e instrucción número dos de La Seu ha archivado la causa abierta en marzo de 2019 para investigar presuntas irregularidades en la concesión de licencias de obras para la urbanización de la Baixada del Molí. El entonces alcalde, Albert Batalla; su primer teniente de alcalde, Jesús Fierro, y el secretario municipal fueron investigados por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Un año y medio después, el auto judicial declara el sobreseimiento al considerar que no hay indicios de que ninguno de ellos cometiera delito alguno en la tramitación. Batalla, por su parte, añadió que esta resolución es ya firme, tras haber expirado el plazo para recurrirla.

Las diligencias comenzaron a raíz de una denuncia anónima, que dio paso a una querella de la Fiscalía y a un gran despliegue de la Guardia Civil el 28 de marzo de 2019 para recabar documentación en la sede del ayuntamiento. El auto de sobreseimiento establece que las licencias “fueron concedidas cumpliendo las normas administrativas” y que “tampoco se han acreditado contactos, vínculos o relaciones espurias entre la promotora y la junta de gobierno, ni con ninguno de sus miembros ni, mucho menos, con los técnicos que emitieron los informes favorables”. Descarta que el consistorio modificase la planificación urbanística con la finalidad de beneficiar a la empresa y apunta que, si bien una sentencia del TSJC declaró nulo este cambio, la ejecución del fallo correspondía a la Generalitat y descarta que el consistorio intentase impedirlo.

 


Una denuncia anónima desembocó en una querella de la Fiscalía y el registro de la sede del consistorio

 

Por otra parte, el juzgado de instrucción ha constatado que el promotor ocupó una superficie de 14 metros cuadrados de suelo público y considera que la solución adoptada para subsanar la situación, vender la parcela ocupada a la empresa, era plenamente legal y se llevó a cabo siguiendo el procedimiento establecido.

Batalla valora la decisión como un aval a la gestión del consistorio
Batalla valoró que el archivo de la causa avala que la actuación del consistorio “ha sido siempre conforme a la legalidad”, tanto desde el punto de vista técnico como de las decisiones políticas”. Sin embargo, advirtió que la denuncia anónima que dio pie a la investigación incluye también otras cuestiones “por las cuales todavía no hemos declarado” y explicó que la autorización de las obras de la Baixada del Molí se abordó como pieza separada. “Estamos a disposición de la justicia para abordar cualquier otra duda sobre la gestión municipal”, dijo el exalcalde, ahora retirado de la política activa. Recalcó que lo hará con “plena tranquilidad de conciencia y con ganas de demostrar la honorabilidad personal e institucional” de los antiguos responsables políticos del ayuntamiento.

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