El polémico proyecto del vertedero de Seròs vuelve a Urbanismo tras rechazarlo la justicia

El polémico proyecto del vertedero de residuos industriales de Seròs vuelve a estar sobre la mesa de Urbanismo, cuatro años después de que, en 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluna (TSJC) declarase nulas las autorizaciones que la Generalitat le otorgó en 2013. La comisión de Lleida deberá emitir la próxima semana un primer informe sobre si, de acuerdo con la nornativa, es posible o no construirlo. Lo hará a petición del ayuntamiento de Seròs, según corroboraron fuentes municipales. El actual gobierno local de JxCat se opone a esta instalación, y también municipios vecinos como los de Maials y Almatret.

Hace ya un año, en marzo de 2020, el conseller de Territorio, Damià Calvet, informó a alcaldes del Segrià de que un nuevo promotor, el grupo TMA, había retomado el proyecto y había empezado a aportar documentación para reanudar los trámites ante la Generalitat. Esto fue motivo de preocupación en el sur de la comarca, que se movilizó años antes en contra de este vertedero.

El anuncio del conseller llegó pocos días antes de que se declarase el primer estado de alarma en España por la Covid-19, que supuso el confinamiento domiciliario de casi toda la población y la interrupción durante meses de los trámites administrativos a partir del 15 de marzo. Esto supuso un largo paréntesis en que el ayuntamiento de Seròs no volvió a tener noticias sobre el vertedero. Fuentes de Territorio apuntaron que no habrá un posicionamiento oficial de Urbanismo sobre esta instalación hasta que la comisión de Lleida lo debata.

Pese a las sentencias del TSJC, el ayuntamiento de Seròs aprobó en 2015 un plan de ordenación urbanística (POUM) que contempla también la construcción del vertedero. A diferencia del plan especial urbanístico anulado por la justicia, el POUM no ha sido impugnado y está en vigor, lo que podría abrir la puerta a retomar el proyecto.

El vertedero de Seròs se plantea de nuevo cuando ya funciona otro que también despertó rechazo en el sur del Segrià: el de Riba-roja, que entró en servicio hace más de un año a pesar de las movilizaciones para intentar detener las obras. Actualmente, la Generalitat baraja la posibilidad de llevar a esta instalación todos los desechos del vertedero de Vacamorta, en Girona, una instalación que debe desmantelar a raíz de sentencias judiciales.

El Segrià evalúa el fallo que anula la adjudicación del depósito comarcal

El Consorci de Residus del Segrià ha empezado a evaluar la sentencia del TSJC que declara nula la adjudicación de las obras para ampliar el vertedero comarcal de Montoliu de Lleida y explotarlo durante diez años, prorrogables a otros diez (como avanzó SEGRE el pasado sábado). El organismo público que reúne a la Generalitat, el consell y la Paeria de Lleida adjudicó el contrato en 2017 a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Valoriza y Romero Polo, que han llevado a cabo desde entonces la ampliación del depósito de residuos, casi terminada.

Ahora, el fallo judicial exige adjudicar la contratación a la UTE formada por FCC y Arnó y lleva el concurso ante la Fiscalía, al constatar que no se tuvo en cuenta la valoración “experta” de las ofertas de una consultora externa; y que se usaron criterios que no figuraban en el pliego de cláusulas. El Consorci de Residus prevé reunirse en breve para abordar esta cuestión.