Empieza el juicio contra el alcalde de Almacelles
El juez acepta escuchar a Ibarz al final tal como pedía la defensa y también admite a dos nuevos testigos
Vista del juicio al alcalde de Almacelles, Josep Ibarz, con el acusado en el fondo de la sala.
El juicio contra el alcalde de Almacelles, Josep Ibarz, por presuntas contrataciones irregulares, ha empezado este lunes en el Juzgado de lo penal número 1 de Lleida. Lo ha hecho con la declaración de agentes de los Mossos d'Esquadra, después de que el juez haya aceptado escuchar a Ibarz el último, previsiblemente el jueves, a petición de la defensa. También el jueves declararán dos testigos nuevos; el concejal que firmaba en nombre del alcalde en ausencia de este, y el concejal encargado del departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento entre los años 2005 y 2009. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el acusado como presunto autor de un delito continuado de prevaricación administrativa. El juicio continuará los días 18, 20 y 21 de mayo.
El responsable de la investigación de los Mossos d'Esquadra ha declarado que de la documentación obtenida observaron “indicios de una contratación irregular continuada" y que “esta modalidad de contratación no era un hecho aislado sino casi un patrón".
Según el ministerio fiscal, el Ayuntamiento de Almacelles pasó de 63 trabajadores en 2003 a los 123 en 2016 y la mayoría de los contratos se hicieron de manera "totalmente arbitraria", por decreto de urgencia firmado por el alcalde y sin convocar ningún concurso público de 2005 a 2017. Además, según el ministerio público, Ibarz habría aprovechado su cargo para contratar a amigos, personas afines a su ideología política o familiares, impidiendo así acceder a estos puestos de trabajo a personas con más méritos.
La Fiscalía, en su escrito de acusación recuerda Ibarz que, según la ley, el nombramiento de personal interino y laboral sólo se puede hacer por decreto en caso de "máxima urgencia". Además, añade, en estos casos hay que motivar los motivos a los decretos que se firman, lo cual no hizo nunca el acusado.
Según la Fiscalía, además, después de estas contrataciones por decreto, que se han acabado convirtiendo en contratos indefinidos, no se convocó ningún concurso público aunque el secretario "lo advirtió en varias ocasiones" y el acusado era "conocedor" de los requisitos legales que se tenían que cumplir. Algunos de los contratos que se habrían hecho de manera irregular, según el ministerio público son el del secretario, la interventora, un policía local, dos auxiliares administrativas, el conserje o la arquitecta técnica.
El ministerio público también recuerda la obligación de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso en la función pública, tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) así como de garantizar la publicidad, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
