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Municipios descartan contratar secretarios por su elevado coste pese a exigírselo la ley

La Generalitat advierte a más de 50 que deben hacerlo al tener más de 500 vecinos o superar los 200.000 euros de presupuesto

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Ayuntamientos leridanos descartan contratar a un secretario municipal, después de que la Generalitat haya comunicado a más de medio centenar de ellos que la ley les obliga a hacerlo (ver SEGRE del miércoles). La normativa española lo exige al superar los 500 vecinos o tener un presupuesto de más 200.000 euros. Sin embargo, parte de estos consistorios ya han renunciado a hacerlo por su elevado coste: se trata de una plaza de funcionario de habilitación estatal que debe dotarse con al menos 40.000 euros anuales. Esto supone entre el 10% y el 20% del presupuesto total de estos municipios. “Aunque quisiera crear la plaza de secretario e incluir su coste en el presupuesto, no podría. No hay dinero suficiente para hacerlo”, explicó la alcaldesa de Bellmunt d’Urgell, Sònia Valero, que se declara contraria a esta exigencia. El requerimiento de la Generalitat ha llegado a ayuntamientos que ahora recurren a los servicios de asistencia técnica (SAT) de los consells comarcals para disponer de un secretario algunos días a la semana. La Diputación paga la mayor parte del coste de este personal, así que los consistorios pueden recibir este servicio por unos cientos de euros al mes, un precio muy inferior al de tener un secretario propio. Otros alcaldes consultados por este diario consideran económicamente inviable contra-tarlo. El primer edil de Soriguera, Josep Ramon Fondevila, señaló que “es un gasto que el ayuntamiento no puede afrontar” a no ser que la exigencia de contratar “vaya acompañada de ayudas para pagarlo”. En la misma línea se pronunció el alcalde de Alòs de Balaguer, Lluís Soldevila. “Ojalá pudiéramos tener un secretario, pero es una cuestión puramente económica”, dijo. Añadió que ahora tienen suficiente con el SAT del consell y una administrativa. El alcalde de Castell de Mur y presidente del consell del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, apuntó que abordaron esta cuestión en el ente comarcal. “Consideramos que la comunicación de la Generalitat era meramente informativa y, como el SAT cubre las necesidades de los ayuntamientos que no tienen secretario, decidimos seguir como hasta ahora”, explicó. Las cartas de la Generalitat apuntan también a la posibilidad de que estos municipios compartan un mismo secretario. Sin embargo, incluso así el coste es superior al de emplear los SAT que ofrecen los consells, y sigue estando por encima de las posibilidades de muchos de ellos. De hecho, algunos de los consistorios que han recibido estas misivas solo superan el umbral de los 200.000 euros gracias a subvenciones puntuales, como las del Plan Único de Obras y Servicios (PUOSC). En años anteriores su presupuesto quedó por debajo de esta cifra

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