El freno a las renovables preocupa al sector y el territorio exige decidir sobre los proyectos

La reforma que prepara la Generalitat para poner coto al alud de proyectos de energías renovables ha dejado insatisfechos tanto a promotores de centrales eólicas y solares como a entidades ecologistas, plataformas vecinales y otros colectivos partidarios de limitar estas instalaciones. Patronales del sector de las energías limpias se declararon ayer “preocupados” ante la posibilidad de nuevos retrasos e incluso la cancelación de los proyectos en marcha.

Por su parte, las entidades partidarias de más regulación ven insuficiente la que anunció el jueves la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, y reclaman que el territorio tenga voz y voto a la hora de autorizar este tipo de proyectos.

La nueva normativa obligará a tramitar desde cero más de cien centrales solares y 40 eólicas en Lleida, casi todas las que han obtenido el visto bueno inicial de la ponencia de renovables. Solo se autorizarán si el promotor informa al ayuntamiento y obtiene el acuerdo de los propietarios del 85% del suelo que necesita.

Para Jaume Morrón, gerente de la patronal eólica Eòliccat, esto último puede hacer imposibles proyectos allí donde no es posible identificar a todos los propietarios. En estos casos, se recurre a la expropiación del suelo.

Morrón valoró que la nueva regulación puede “socavar la confianza de los inversores” y “truncar el despegue de las renovables antes de empezar, tras una década perdida”. También Manel Moreno, representante de la patronal solar Unefcat, apuntó que “llevamos 18 meses sin hacer más que mover papeles y esto puede significar más retrasos”.

Para la asociación ecologista Ipcena, “es necesaria una mesa de concertación” con los diferentes agentes sociales para evaluar los proyectos y derogar el actual decreto en lugar de reformarlo. En la misma línea, el sindicato Unió de Pagesos (UP) y la Associació de Micropobles afirmaron, tras reunirse con la consellera, que “no basta con informar a los ayuntamientos y que la mayoría de propietarios de los terrenos estén de acuerdo, hay que ampliar la base y consultar también a las entidades y colectivos como representantes de la ciudadanía”.

La plataforma Salvem lo Pallars cree que las reformas que plantea la Generalitat “apenas suponen cambios” respecto al marco actual y no basta para poner coto a los proyectos para cientos de hectáreas de paneles solares en el Pallars Jussà. Por todo ello, reclamó aplicar una “estrategia de territorio”. Ramon Queralt, de la Coordinadora de les Garrigues, pidió que el futuro límite comarcal de plantas vaya acompañado de una “limitación efectiva del tamaño de las plantas” y valoró que las medidas del Govern son “insuficientes” si no incluyen una suspensión de licencias.

Ipcena insta a paralizar el parque eólico de Solans

La asociación ecologista Ipcena ha instado a la Generalitat a paralizar el proceso de expropiación de fincas en La Granadella y Llardecans para el parque eólico Solans, el único que ha culminado su tramitación en las comarcas leridanas en la última década (como avanzó SEGRE el pasado domingo). La entidad considera que la declaración de impacto ambiental de este proyecto habría expirado ya, al haber pasado más de cinco años desde que fue expedida.

Ante esta sospecha, ha dirigido una carta al departamento de Acción Climática en la que pide considerar la declaración de impacto ambiental “extinguida y caducada, junto al resto de autorizaciones” e iniciar una nueva tramitación para este parque, cuyas obras para construir una veintena de molinos de viento deben iniciarse este mismo verano. Por su parte, el promotor se limitó a afirmar que la declaración de impacto ambiental está en vigor y apuntó que Ipcena “no opina de forma fundamentada porque desconoce las condiciones administrativas de este proyecto”.