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Balaguer paraliza 88 desahucios este año y la Paeria alerta del colapso de la vivienda social
Pese a la moratoria estatal sobre las ejecuciones de desalojo a familias vulnerables, que expira en febrero de 2022 || En la mayoría de los casos el consistorio ha negociado con bancos y con los juzgados
Imagen de una paralización de un desahucio en Balaguer en el año 2018.
La Paeria de Balaguer ha paralizado un total de 88 desahucios previstos este año, lo que supone un 100% de los procedimientos que se han iniciado desde el pasado mes de enero. En la mayoría de los casos, por impagos de alquileres, okupaciones de pisos y deudas hipotecarias. El ayuntamiento ha alertado de que “existe una problemática de vivienda grave” que puede derivar en colapso.
El edil de Asuntos Sociales de la Paeria, Kevin Bruque, remarcó la necesidad de recibir más ayudas de la Administración o que el Estado elabore una normativa clara de protección y derecho a la vivienda, de lo contrario, “desde la Paeria seremos incapaces de absorber todas las demandas de vivienda y la problemática será más grave”. En 2018 el consistorio paralizó 40 ejecuciones de desalojo y otras 4 en enero de 2019, poco antes de la pandemia, y “este 2021 ya llegamos a 88”, pese a la moratoria del Gobierno central para paralizar los lanzamientos a familias vulnerables con informe de los Servicios Sociales. El Gobierno ha ampliado hasta el 28 de febrero de 2022 la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres.
“Entonces será muy difícil gestionar la emergencia habitacional”, dijo Bruque. La oficina de vivienda municipal de Balaguer recibe cada mes una treintena de peticiones para acceder a una vivienda social. El consistorio también ha puesto en alquiler inmuebles de su propiedad.
Se gestionan 54 pisos propios, once de los cuales, a cargo de la Agència Catalana de l’Habitatge, y otros 83 pisos de propietarios incluidos en la bolsa de mediación municipal. Actualmente, están todos ocupados y hay lista de espera. También hay viviendas destinadas a la emergencia habitacional y pisos protegidos para víctimas de violencia de género.
El concejal pidió “que la legislación, tanto de ámbito catalán como español, incorpore medidas estructurales”, que ayuden a paliar esta situación. Según Bruque, la moratoria no ha sido efectiva porque sigue habiendo desahucios cada mes por supuestos que no entran en las condiciones de “blindaje” o se da el caso de que los jueces interpretan que la vulnerabilidad de las familias que exige la normativa para suspender el desalojo no está acreditada. La mediación municipal ha incluido acuerdos que pueden ir desde el pago de cuotas de alquiler, a la prórroga del lanzamiento para gestionar la entrada de vivienda en la bolsa de alquiler social, el aplazamiento temporal para facilitar el acceso a otros pisos o las suspensiones de la propiedad en los juzgados.
De los 88 expedientes paralizados en Balaguer, 19 se han tramitado a través de la oficina de Ofideute de la Generalitat.
